Colombia se estructura

Cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia en agosto de 2010 expresó varias prioridades para su gestión. Una de ellas tenía relación con la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que fuera efectiva para la promoción del modelo de asociaciones público privadas y de esta forma dar un impulso a la economía nacional.

El gobierno actuó rápido. En 2011 un cuestionado Instituto Nacional de Concesiones era reemplazado por la nueva entidad, en 2012 se promulgó una nueva ley de APPs modernizando el antiguo marco de concesiones que venía de comienzos de los ’90 y en 2013 fue el turno de la Ley de Infraestructura, para eliminar los cuellos de botella que se generaban en torno a estos proyectos.

Desde entonces, la ANI ha estado en constante movimiento, trabajando en el diseño, planificación y licitación de proyectos, especialmente enfocada en carreteras, puertos y aeropuertos. El año pasado la entidad registró un peak de inversión en APPs, con desembolsos cercanos a los US$2.300 millones, lo que representa un 20% más que lo invertido en 2015. Y las proyecciones futuras son también auspiciosas. Este año y el próximo las inversiones de deberían crecer a un ritmo similar.

El equipo editorial de CLA viajó a Bogotá, Colombia, para conversar con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien se refirió en extenso a los procesos de licitación e iniciativas que está llevando a cabo el organismo que dirige y que busca cambiar la cara al área de transporte del país cafetero.

Entre las principales iniciativas de la ANI están las Autopistas de Cuarta Generación…

En paralelo a la promulgación de la ley de APPs e Infraestructura, se desarrolló el programa del 4G, el que se volvió política de estado en 2013, y que involucra la construcción y/o mejoramiento de unos 7.000 kilómetros. Para viabilizar estas iniciativas, se le adjudicó al programa un presupuesto de 60 billones de pesos (unos US$20.000 millones) como contribución del Estado, adicionales a los peajes.

Las licitaciones se abrieron durante el mismo 2013 y a la fecha se han adjudicado 30 proyectos, los que involucran un CAPEX de unos US$15.000 millones. Ya hay unos 20 están en construcción. Y hay unos 15 en curso en proceso de estructuración y adjudicación.

Las 30 carreteras estarán terminadas el 2021.

¿Qué sucede con el sector aeroportuario?

El tráfico aéreo ha ido creciendo a dos dígitos y necesitábamos ampliar nuestra capacidad, por lo que hemos estado trabajando en la modernización de los principales aeropuertos del país. El plan de expansión aeroportuaria, sin incluir El Dorado, abarca inversiones por unos US$1.500 millones. Estas iniciativas ya están en ejecución y deberían terminarse, casi todas, antes del año entrante.

El Dorado, por su parte, está inmerso en un programa de inversiones por US$500 millones para elevar su capacidad anual de 34 millones de pasajeros al año a 42 millones. Ya el aeropuerto de Bogotá es el tercer mayor aeropuerto de pasajeros en Latinoamérica, y en carga es el primero de la región.

Sin embargo, es tal la demanda que existe, que estamos trabajando en el diseño de un segundo aeropuerto a unos 20 kilómetros al occidente de El Dorado. Inicialmente este nuevo aeropuerto nos permitiría aumentar en un 50% la actual capacidad de operaciones (alcanzando las 600.000 al año).

Asimismo, consideramos un proyecto ferroviario para unir ambos aeropuertos y un tren ligero hacia el centro de la ciudad.

¿Qué inversiones involucra y cuándo se licitaría?

El nuevo aeropuerto considera, más o menos, unos US$1.000 millones, y el tren sumaría otros US$600 millones. Abriremos la licitación de este proyecto en un año, más o menos.

¿Hay alguna otra inversión en esta área?

Queremos hacer un nuevo aeropuerto en Cartagena de Indias, nuestra principal ciudad turística. Estamos trabajando en el diseño de un plan de expansión que involucrará inversiones por unos US$100 millones y que se licitará a mediados de este año.

Pero en paralelo estamos trabajando en la idea de un nuevo aeropuerto a las afueras de la ciudad que requeriría inversiones por US$600 millones. El objetivo es que el nuevo aeropuerto entre en funciones en 2025 mientras que el actual se utilizaría en renovación urbana.

La ANI también ha prestado atención al sector portuario

Hemos trabajado mucho en la expansión de nuestros puertos, con inversiones promedio del orden de los US$400 millones anuales. Uno de los proyectos destacados, que se entregó el año pasado, es el puerto de Aguadulce, en Buenaventura, que implicó una inversión de US$600 millones.

En Aguadulce tenemos tres terminales muy grandes compitiendo, una operada por el Port Authority of Singapour, el terminal de contendores a cargo de Mersk y el de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, a cargo de un consorcio nacional, lo que garantiza buenas tarifas para los usuarios. Sin embargo hace falta profundizar su canal de acceso, el que tiene una longitud de cerca de 20 kilómetros y 13 metros de profundidad. Existe un proyecto que involucra unos US$150 millones y que buscaría profundizarlo al menos dos metros más. Se licitaría el próximo año.

Asimismo, dado el éxito que tiene la zona portuaria de Cartagena, estamos teniendo la necesidad de construir un segundo canal de acceso que acompañe al existente. La idea es lograr una profundidad de 15 metros y estamos previendo una inversión de unos US$50 millones.

Por último, queremos desarrollar una nueva zona portuaria a través del Puerto Antioquia. Hay una propuesta de la naviera francesa CMA en conjunto con inversionistas colombianos y esperamos que la construcción se inicie a finales del año o comienzos del próximo.

Es una inversión de unos US$500 millones.

También hay que considerar el mejoramiento de navegación del Río Magdalena, aunque esto está a cargo de CorMagdalena, donde actúo como director ejecutivo.

¿Qué sucede con el sector ferroviario?

Ferrocarriles es el capítulo en el que no hemos tenido mucho éxito. Estamos invirtiendo muy poco. Es una problemática compleja.

¿Por qué?

Colombia es un país muy montañoso y no tiene una cordillera, sino tres: Cordillera Occidental, Central y Oriental. Para ir de Bogotá a Buenaventura, hay que cruzar dos cordilleras y dos valles. La orografía de Colombia no es amigable para proyectos ferroviarios.

Aunque sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, estamos trabajando en la recuperación de las líneas que corren paralelas al Río Magdalena.

Generando confianzas

A juicio del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, Luis Fernando Andrade, el éxito que han tenido las licitaciones presentadas por la entidad se debe al trabajo realizado por estandarizar los procesos y hacer las reglas del juego cada vez más claras y transparentes.

Es justamente el orden jurídico que han planteado las leyes de APPs y de Infraestructura lo que ha permitido que más de 25 empresas de todo el mundo se hayan interesado, por ejemplo, en participar en las licitaciones del programa 4G con compañías de España, Italia, China, Israel, Austria, Costa Rica y Ecuador, entre otras.

Andrade también destaca la participación de generadores de financiamiento como Goldman Sachs y Summitomo. “Goldman Sachs, por ejemplo, ha logrado hacer colocaciones de bonos internacionales y ha obtenido grado de inversión, tanto en bonos en dólares como bonos en pesos colombianos. Eso nos ha abierto un camino de financiación interesante, porque hay en el mundo cada vez más fondos multi-moneda. La prudencia fiscal de Colombia ha sido muy importante”, señala el ejecutivo.

Otro aspecto fundamental mencionado por Andrade, es el actuar del Gobierno en relación al caso de corrupción de Odebrecht y que ha salpicado a Colombia, con la confesión de sobornos por unos US$11 millones en dicho país. Afortunadamente la brasileña sólo tenía actuación en dos proyectos: Ruta del Sol sector 2 y el contrato de dragado y navegación del Río Magdalena. El primer contrato ya está en fase de liquidación y ya fue declarada la caducidad del segundo. “La banca y los inversionistas mostraron aprensión, pero el cómo hemos manejado el proceso de terminación ha sido importante. Hemos trabajado muy diligentemente para demostrar que aun en el peor caso los terceros de buena fe no se vean afectados, asegurando que se pague en su totalidad a empleados, proveedores y bancos. Esta señal que hemos dado está ya tranquilizando a los mercados”, explica.

“No queremos que pase en Colombia lo que pasó en Brasil y está pasando en Perú, que la corrupción paralizó las obras civiles y la economía”, finaliza.