Congreso de la infraestructura

Alrededor de 3.000 personas asistieron al decimosexto Congreso Nacional de la Infraestructura, en Colombia, el evento gremial más importante del país gracias a la trayectoria de sus invitados, la interlocución directa con las instancias más altas del Gobierno, las múltiples oportunidades de negocios, sus panelistas internacionales y su muestra comercial. En el evento, empresarios de la infraestructura, representantes de todas las entidades del sector y connotados intelectuales, se reunieron para discutir sobre el balance de 2019 y las perspectivas para 2020 en torno a la infraestructura de transporte.

La vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, fue la encargada de inaugurar la versión 2019 del Congreso Nacional de la Infraestructura, y la personera lo hizo resaltando tareas que están pendientes en materia de movilidad y construcción y la evolución positiva que ha tenido el sector en los últimos 16 años.

Según Ramírez, Colombia tiene un gran potencial en movilidad, pero hay que promover la formulación de un plan intermodal. “No son suficientes las 4G, tenemos que urgentemente incorporar los medios de transporte intermodal para que el férroviario, el fluvial, el de carreteras y demás nos ayuden a seguir reduciendo los costos de transporte”. Y hay buenas noticias al respecto, según las cifras presentadas por la funcionaria, con la finalización del corredor vial entre Bogotá y la Costa Caribe se podrían reducir hasta 50% los costos de transporte.

No obstante, claramente hay grandes desafíos que Colombia debe sortear, por ejemplo, las inversiones del sector. En Colombia la inversión en transporte férreo es 0% frente al PIB y 0,99% del PIB se va para carreteras, cifras que a todas luces están muy por debajo de las necesidades del país.

Acciones que tomar

Dentro de las acciones que Colombia debe tomar para poder llevar a cabo las medidas necesarias para su desarrollo que fueron mencionadas en el congreso están la arquitectura institucional, fuentes de pago y financiación, alianzas público-privadas, accesos y pasos urbanos, transporte público, logística y el mantenimiento y sostenibilidad.

En este sentido, según se concluyó, es necesario el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y modernización del Ministerio de Transporte a través de una Unidad de Planeación del Ministerio de Transporte (UPIT) y una Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte (CRIT), así como también fortalecer las capacidades y el gobierno corporativo de la Asociación Nacional de Infraestructura (ANI) y repotenciar el Invías, adoptando estándares de gobierno corporativo en todas estas entidades.

Lo anterior para que estas instituciones tengan un blindaje que garantice la independencia de sus decisiones, la visibilización de las presiones y la idoneidad y continuidad de las políticas de Estado.

Otro tema delicado en el desarrollo de la infraestructura colombiana es su financiamiento. Según los expertos, las fuentes de pago principales, como el Presupuesto General de la Nación y el cobro de peajes, son insuficientes. Cabe mencionar que el Plan Maestro de Transporte Intermodal (2015-2035) de Colombia requiere inversiones por unos 256 billones de pesos (unos US$74.500 millones). Entre las opciones propuestas está la venta de activos del Estado como las empresas estatales del sector transporte y las participaciones minoritarias en entidades mixtas, dineros que podrían ir al Fondo Nacional para el Desarrollo de Infraestructura (Fondes).

También se hace necesario mejorar la gestión contractual de las alianzas público-privadas y transportar este mecanismo a otros sectores de la economía.

El presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Mauricio Ossa, mencionó en su discurso que “vale la pena mirar hacia adelante para saber cómo darle continuidad a esta revolución, que es un gran desafío. Si Colombia quiere crecer más de 6%, la primera propuesta es que la competitividad y productividad sean los ejes temáticos en materia de infraestructura”.

Por su parte, en su discurso de cierre del congreso, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI se refirió al Plan Maestro de Transporte Intermodal y solicitó al gobierno que vaya adelantando, paulatinamente, la preinversión de los estudios y diseños de buena parte de las iniciativas que contiene.

“Parte significativa de los proyectos que necesita el país a futuro ya están dentro del Plan Maestro de Transporte Intermodal. Pero quiero advertir: muchos de ellos hoy no cuentan con preinversión. Qué mejor momento este para llevar a cabo dichos estudios y diseños, y destinar los recursos necesarios que, según el BID, deben ser de entre el 2% y el 5% del valor estimado de la obra. El liderazgo de esta tarea debe recaer sobre los hombros de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, una entidad que fue concebida en 2014, precisamente con ese propósito, pero que aún no cuenta con presupuesto de inversión”, afirmó Caicedo

Sector privado

Asimismo, el ejecutivo se refirió al rol positivo del sector privado. “Debo exaltar la importancia y el empeño de los privados para llevar a buen destino las 4G y otras infraestructuras como la portuaria, la aeroportuaria y la férrea. La contratación del programa 4G, por cerca de 43 billones de pesos (unos US$12.500 millones), logró surtirse de manera transparente, sin tacha o denuncia alguna por parte de los órganos de control. Esto se ve reflejado en el hecho de que hoy haya 29 concesiones adjudicadas y de ellas, 21 cuenten con recursos de financiación, por un valor cercano a los 33 billones de pesos (unos US$9.610 millones). Esto es muestra fehaciente de la confianza que abriga el sector financiero nacional y extranjero en esta apuesta”, señaló. En este sentido, cabe destacar que hoy 15 vías 4G ya reportan un avance de obra superior al 35%.

Pero no todo tiene que ver con grandes proyectos y grandes contratistas, y el evento sirvió para pedir la creación de una política pública que ayude a las Pymes a crecer y tener mayor participación en las obras. “Aspectos como la no entrega de anticipos en los contratos de obra pública, el pago de los desbordados impuestos territoriales, la demora en el pago de las facturas y las tortuosas liquidaciones de los contratos, que terminan por consumir el eventual margen de utilidad de los contratistas, son asuntos que deberían abordarse y regularse, justamente, en una política de Estado”, aseguró el presidente de la CCI.

De esta forma, el congreso finalizó con grandes expectativas para el sector en Colombia, que, se debe mencionar, no está ajeno a las preocupaciones nacionales que hoy se alzan con más fuerza y que justamente durante el evento paralizaron las actividades del país.