Así consigna el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción.

Juan Andres Sosa Branger

Juan Andres Sosa Branger

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Andrés Sosa Branger, dio a entrevista a un periódico de su país donde afirma que la actividad del sector en Venezuela anota en estos momentos una caída acumulada de un 93% en los últimos diez años.

El ejecutivo gremial hizo un crudo análisis sobre la situación de absoluta pobreza e inseguridad económica de su país, y lo relacionó con el contexto vivido por la industria de la construcción venezolana.

En su opinión, el problema es más amplio y sistémico que sólo la crisis de demanda que prácticamente terminó con el mercado de residencias, oficinas, comércios y fábricas. Se trata de la pérdida general de condiciones de producir.

De acuerdo con Branger, la siderúrgica Sidor perdió drásticamente su productividad luego de la estatización, y ahora operaría al 10% de su capacidad. Por su parte, las cementeras nacionalizadas hoy producen un 40% de su capacidad instalada. Cerca de 10.000 empresas del sector industrial manufacturero cerraron, y hoy sólo unas 4.000 industrias estarían vivas en Venezuela, operando al 30% o 35% de sus capacidades.

“Si a esto le agregamos las pérdidas que producen las empresas en manos del Estado, la emisión de dinero inorgánico para financiar el gasto público, esto es lo que ha producido una devaluación galopante, que ha empobrecido a todos los venezolanos, y esto conlleva a que los venezolanos tampoco tengan suficiente poder adquisitivo para poder comprar bienes”, dijo Branger.

Especificó además que la banca venezolana está totalmente descapitalizada, lo que hace que un banco sólo pueda prestar a una constructora 10 millones de bolívares, lo que no es suficiente para edificar ni siquiera un edificio de un piso, según el presidente de la CVC.

“Entonces si no tienen financiamiento, la gente no tiene poder adquisitivo, no tienes materiales, entonces el sector construcción se ve afectado, si a eso le añades un marco regulatorio punitivo y desincentivo, es por eso que el sector está paralizado y se han perdido más de 1,1 millón de empleos por esta política del Estado”, afirma.