Un vistazo a cómo la administración de López Obrador y la CMIC analizan el desarrollo de infraestructura en el país. 

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La nueva administración también está planteando algunos proyectos ferroviarios.

Según cifras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en 2016 habían más de 390.000 kilómetros de carreteras en México, de los cuales el 12,8% pertenecían a la red troncal conformada por 9.818 kilómetros de autopistas de cuota y 40.679 kilómetros libres de peaje, el 24,4% corresponde a carreteras alimentadoras y estatales, el 45,1% a caminos rurales y el 17,6 a brechas mejoradas. “De este total, solo el 40% son pavimentadas, mientras que el 60% restante son vialidades revestidas, de terracerías y brechas mejoradas” explica el presidente nacional de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal.

En esa línea, el dirigente admite que el 30% de la red federal está en condiciones “no aceptables de operación, lo que requiere una inversión importante de recursos para conservarlas en buenas condiciones”.

En términos económicos, cercanos a la nueva administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, reconocieron que los ahorros en el gasto público que planea el próximo gobierno que asume el 1 de diciembre, no sería suficiente para el desarrollo de la infraestructura que requiere el país azteca. “La inversión requiere muchos más recursos de los que podemos destinar con todos estos esfuerzos”, admitió Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicación y Transportes (SCT) durante la inauguración del Foro Nacional de Infraestructura, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

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Andrés López Obrador asumirá el gobierno el 1 de diciembre próximo. / Foto: lopezobrador.org.mx

“La inversión pública, destinada a proyectos de infraestructura, debería incrementarse dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) actual, es decir alcanzar entre 3,5 y 4% del PIB”, dijo el futuro secretario de Estado. Pues bien, como los ahorros no serán suficientes, será necesario que la nueva administración aúne esfuerzos para convencer y estimular la participación del sector privado. De hecho, Ramírez sostiene que la inversión debe incrementarse hasta alcanzar un PIB del 5%, versus el 2,7% que se registra actualmente, “que este estímulo sea un detonante para la inversión privada en todo tipo de obras y no solo en megaproyectos”, remarca.

Aunque hasta ahora se han concluido ejes troncales, ampliado aeropuertos y puertos y se avanzó en infraestructura ferroviaria, lo cierto es que, según cifras de la Secretaría de Hacienda de México, la inversión en presupuesto de infraestructura decayó un 26%, desde el 2015, desde US$43.000 millones a US$32.000 millones.

Desafíos estructurales

En general, la infraestructura de México presenta falencias que bien pueden observarse en varios países de la región. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la estructura vial que soporta el movimiento del país, donde “más del 50% de la carga y más 90% de los pasajeros son transportados por carreteras, por lo que requerimos una red vial moderna y eficiente para ser competitivos”, dice Ramírez y especifica que “se requiere la expansión de la infraestructura de transporte y logística multimodal para superar el aislamiento de la región Sur Sureste en congruencia con la estrategia de desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)”.

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Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la CMIC.

El desafío no es menor, ya que según señalan desde CMIC, “durante los últimos tres años el entorno económico externo jugó un papel en contra del crecimiento económico del país; la reducción de los precios de petróleo y la inestabilidad financiera internacional, entre otros factores, fueron las principales causas de una reducción en la inversión pública y privada, lo que para la industria de la construcción se tradujo en una menor ejecución de proyectos”.

En tal sentido, manifiestan que los principales retos del sector para los siguientes años tienen que ver con “reimpulsar la inversión pública; fortalecer el dinamismo de la inversión privada; reestructurar y lograr un marco normativo eficiente que permita mayor transparencia en los procesos de asignación y ejecución de recursos asignados a obras públicas”.

Sumando argumentos, Ramírez destaca que los proyectos estratégicos demandarán empresas globales de gran capacidad técnica, tecnológica y de financiamiento. De tal manera, se pueden materializar de mejor forma la ejecución de proyectos y se podrá impulsar el crecimiento económico de México.

Es por eso, que Ramírez sostiene que “se deben implementar mejoras en cada etapa del ciclo de infraestructura para asegurar que los proyectos se preparen, contraten, ejecuten y operen con mayor eficacia y eficiencia. De igual manera es necesario, la creación de un Banco de Proyectos que garantice la realización de obras en infraestructura”.

Rutas hacia el desarrollo

Aunque, como en todo cambio de gobierno puede existir incertidumbre sobre los futuros proyectos que se implementarán, desde la CMIC dicen estar tranquilos ya que “se ha mencionado que se dará una mayor importancia a la conservación y mantenimiento de la red carretera para mantenerla en condiciones óptimas de operación. Otra acción es establecer un programa importante de conectividad, en el que se pretende establecer las estrategias para conectar adecuadamente las diferentes carreteras estatales y alimentadoras, así como los caminos rurales con la red nacional”.

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La administración también pondrá énfasis en las inversiones viales.

A su vez, desde el gremio reafirman que existe una buena coordinación con quienes serán el próximo gobierno, los que han sostenido que buscarán también “pavimentar 300 caminos de Oaxaca; concluir y modernizar la carretera Oaxaca-Puerto Escondido y los libramientos en el Estado de Campeche, Puebla y Guerrero; además de conservar la red carretera alimentadora en óptimas condiciones”.

Además de lo que refiere a carreteras, circunvalaciones y caminos, desde la nueva administración de López Obrador, se ha propuesto realizar los siguientes proyectos, entre los que destacan: la definición del futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México; desarrollo de la región del istmo por medio de un ferrocarril de carga y facilidades fiscales para la instalación de empresas; la construcción del Tren Maya con la ruta Cancún-Tulum-Bacalar-Calakmul-Tenosique-Palenque; la construcción de una refinería en Dos Bocas en Tabasco; desarrollo de la infraestructura eléctrica y energías alternativas con el impulso a la Comisión Federal de Electricidad.

En ese sentido, “para lograrlo, desde la CMIC estamos trabajando desde ahora juntamente con la próxima administración, en la implementación de políticas públicas de impulso a la construcción y desarrollo de infraestructura”, enfatiza Ramírez.

Una vez obtenidos las formas y recursos de financiamiento, desde la CMIC y la nueva administración se plantean un cúmulo de obras de infraestructura prioritarias para el país, entre las que destacan la consolidación de ejes troncales; los macro libramientos de Querétaro y Guadalajara; la duplicación de la capacidad portuaria en los puertos de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Tuxpan, Progreso y Altamira; las ampliaciones en los aeropuertos NAIM, Cancún, Guadalajara y Monterrey; modernizaciones ferroviarias de los trenes México- Toluca y Chiapas- Mayab; entre algunas otras obras ligadas a comunicaciones y conectividad.

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El nuevo gobierno pretende invertir US$2.000 millones en la ampliación de seis refinerías y estudia la construcción de nuevas.

Más en detalle se encuentran el proyecto de desarrollo del itsmo de Tehuantepec, donde se pretende construir un ferrocarril de carga y sus consiguientes líneas con una extensión de 300 kilómetros. Dentro de la misma iniciativa, pretenden modernizar los puertos aledaños, con el fin de mejorar las conexiones con Asia y Estados Unidos, por lo que solo ese paquete de proyectos implicaría una inversión cercana a US$2.000 millones.

El Tren Maya, a su vez, instalará 830 kilómetros de vía férrea que recorrerá Cancún, Tulum, Calakmul y Palenque, es decir la Riviera Maya completa. Estas obras tendrían un costo cercano a los US$3.350 millones.

Por otro lado, el Programa de Construcción y Modernización 2018-2024, contaría con una inversión en torno a los US$5.400 millones; de los cuales el 93,5% será utilizado para caminos rurales, que permitan conectar municipios y comunidades.

En términos energéticos, se pretenden modernizar seis refinerías con una inversión cercana a los US$2.000 millones. Adicional a lo anterior, existe en carpeta la instalación de 112 centrales hidroeléctricas, cuya inversión bordea los US$6.300 millones de capitales privados. Proyecto que tendría como objetivo aumentar la generación hidroeléctrica en un 8%.

Financiando estructuras

Desde la CMIC, Ramírez sostiene que “con el cambio de administración del gobierno federal se abrirá la puerta para el desarrollo de políticas que impulse un mayor monto de inversión pública para el desarrollo de infraestructura, además confiamos que se cree un mecanismo eficiente en la distribución del gasto por parte del gobierno federal, estatal y municipal, el cual deberá de ir encaminada a atender las principales necesidades que se tiene en el país, fortaleciendo la infraestructura productiva con la ampliación, modernización y rehabilitación de esta misma”.

En esa línea y según cifras entregadas por el gremio, actualmente un 77% de la inversión para el desarrollo de infraestructura es privado, por lo que es necesario “crear o fortalecer una serie de oportunidades para el inversionista privado que dé como resultado, su participación en proyectos de infraestructura complementaria, ya sea carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, proyectos hidráulicos, entre tantos otros”.

Es por ello, que Ramírez dice que las asociaciones público privadas deben, no solo atender grandes proyectos, sino que también infraestructura estatal y municipal donde a veces no se tiene la capacidad para enfrentar tales inversiones. “La falta de planificación por parte del gobierno para desarrollar la infraestructura ha sido uno de los problemas más grandes de nuestro sector, el cual pensamos enfrentar con la creación de un Instituto de Planeación de Infraestructura Autónomo y de largo plazo, que involucre Gobierno, Empresarios, Academia y organizaciones sociales, con el cual tengamos una planificación de los próximos 4 o 5 períodos de gobierno y no dejar contentos simplemente a los gobernantes en turno”, sentencia el representante de los empresarios de la construcción mexicana.