Cuadernos, arrepentidos y el asomo de un Lava Jato argentino

Las anotaciones del chofer de un secretario del ex ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, dispararon el que quizás sea el mayor caso de corrupción del país.

Julio De Vido, el ministro que manejó la obra pública durante 12 años y al que todos apuntan.

Julio De Vido, el ministro que manejó la obra pública durante 12 años y al que todos apuntan.

38 imputados, 15 detenidos, 10 arrepentidos y un prófugo. Y contando. En cualquier momento esas cifras pueden variar, pero dan cuenta de la magnitud de lo que por estas horas vive la Argentina. Mientras el Senado discute los fueros de la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien al menos dos arrepentidos señalaron como destino último de pagos en negro, el gobierno de Mauricio Macri se enfrenta a un caso de consecuencias impredecibles. Es inevitable verse en el espejo de Brasil, en donde las investigaciones del juez Sergio Moro derivaron en una crisis política sustantiva y en el corto plazo voltearon a dos de sus mayores empresas, Petrobras y Odebrecht, profundizando la recesión y restringiendo el crédito internacional.

El viernes 10 de agosto, el peso argentino llegó a un nuevo récord de devaluación, empujado por la crisis turca (o de los emergentes) y las consecuencias del “efecto cuadernos”. Wall Street ya acusó recibo de las investigaciones que tocan a empresas de la envergadura de Techint, Isolux Corsán, Electroingeniería, IMPSA o Grupo Roggio. Y aquello se sinitió, además de en la moneda, en las acciones y en los bonos.

Cuadernos

El caso comenzó con la investigación periodística del diario La Nación basada en los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, número dos del eterno Julio De Vido, ministro de Planificación e Infraestructura durante los tres mandatos del matrimonio Kirchner, que cumple prisión preventiva desde 2016. Centeno llevó registro preciso de reuniones, bolsos, encargos y demás anécdotas. Pero aquello es solo el comienzo. El miércoles 1 de agosto, el fiscal Carlos Stornelli y en juez Claudio Bonadío ya habían apresado a 12 personas, incluyendo a Baratta y a los empresarios Gerardo Ferreyra (Electroingeniería) y Javier Sánchez Caballero, ex ejecutivo del Grupo Macri y CEO de IECSA, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri. A partir de entonces, la “Ley del arrepentido”, inorporada al Código Penal argentino hace apenas dos años, empezó a jugar un rol clave. El propio Centeno declaró bajo esa figura y lo siguieron Sánchez Caballero, Calcaterra y Juan Caros de Goycoechea (Isolux Corsán), y luego Armando Losón (Grupo Albanesi). Con algunas diferencias, todos admitieron haber entregado dádivas fuera de la ley.

Con el correr de los días, el caso fue creciendo. Luis Betnaza, del grupo Techint, admitió haber entregado pagos para aceitar las gestiones por la expropiación en Venezuela de la empresa SIDOR y el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, describió en calidad de arrepentido el sistema de pagos instrumentado para acceder a las licitaciones públicas y los posteriores retornos en los adelantos por llevar a cabo obra pública en Argentina. Gabriel Romero confesó pagos para aprobar obras hídricas, Aldo Roggio lo mismo en otras áreas del transporte y el financista Clarens aportó datos para desentrañar los mecanismos de evasión y lavado de dinero.

A ellos se sumaron la tímida confesión del ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y, más gravitantes aún, las del ex titular del organismo regulador de las autopistas y virtual “embajador paralelo” en Venezuela, Claudio Uberti y de José López, ex secretario de Obras Públicas, en presión desde que fuera descubierto in fraganti con bolsos repletos de dinero y armas.

En un contexto recesivo, las malas noticias no podrían ser peores. El sistema PPP (Participación Público Privada) que el Gobierno había ideado para sustituir la inversión en obra pública, corre peligro por la eventual estrangulación del financiamiento a las empresas argentinas. Por otra parte, obras de envergadura como las represas patagónicas Condor Cliff y La barrancosa, llevadas adelante por Electroingeniería y la construcotra china Gezhouba, también están expectantes. Los ribetes diplomáticos del escándalo también son un elemento a considerar.

La depuración moral de Argentina se enfrenta al estrecho margen que detenta para resignar crecimiento. Los rumores sobre otros empresarios de primer nivel no descansan y las vinculaciones con el caso Odebrecht, tampoco. Mientras las imputaciones y delaciones se acumulan, un manto de sospecha se extiende sobre empresarios y funcionarios. A corto plazo, el panorama luce complicado. El futuro necesita rigor y transparencia. De todos.