El índice interanual de septiembre es la peor baja desde febrero de 2017. La crisis económica desatada en el país trasandino en abril sigue cosechando malas noticias.

La combinación entre devaluación, inflación y recesión que acecha a la Argentina tuvo un primer dato marcadamente negativo en la construcción. El índice de la actividad que mide el Instituto de Estadísticas oficial (INDEC) registró la baja más pronunciada en 20 meses y si bien el resultado acumulado sigue siendo positivo dada la buena performance de principios de 2018, la crisis parece haber llegado para quedarse. Al menos por un tiempo. A ese dato se suma el de inflación de septiembre en 6,5% y la baja interanual de la venta de insumos para la construcción en octubre, medida por el Grupo Construya en 17,3%.

El programa de restricción monetaria pactado con el FMI tiene el objetivo de balancear los déficits fiscal y de cuenta corriente. Pero como coinciden la mayoría de los analistas, está produciendo una fuerte recesión. El esquema contuvo la devaluación que en lo que va de 2018 le hizo perder la mitad de su valor al peso argentino, pero la contracara es una tasa de interés nominal anual fijada por el Banco Central por encima del 65%. Ese encarecimiento en la financiación ya produjo cortes en la cadena de pagos y enfrió las inversiones.

El contexto se completa con la “crisis de los cuadernos”, que además de al sistema político en su conjunto jaqueó a la Cámara de la Construcción, cuyo ex titular, Carlos Wagner, declaró en la causa como arrepentido. Su actual presidente, Gustavo Weiss, finaliza su mandato este mes y todo indica que su reemplazante será el abogado Julio Crivelli, especialista en contratos PPP. Los proyectos de participación público privada se convirtieron en el ítem más sensible de la obra pública del Gobierno de Mauricio Macri, puesto que el adelgazamiento de los fondos estatales (clave en el ajuste pactado con el Fondo) los ponen en primer plano. El presupuesto de 2019 prevé 80 de estos proyectos por un valor de US$ 242 millones. Sin facilidades financieras a la vista, el sector privado deberá redoblar esfuerzos para ponerlos en funcionamiento.