México fue víctima de tres terremotos durante septiembre. Además de las actividades de reconstrucción, se deben analizar mejoras en la infraestructura.

Derrumbe mexico

El gobierno informó de al menos cinco fondos financieros públicos disponibles para las obras de reconstrucción. Foto: AFP / Victoria Razo

Un septiembre para el olvido es el que experimentó México. El 7 Chiapas fue testigo de un terremoto de 8,2° Ritcher. Luego Puebla sería el epicentro de un nuevo movimiento telúrico, esta vez de 7,1°, el que también impactó con especial fuerza a Ciudad de México. Cerraría el mes el 23 con el terremoto de Oaxaca de magnitud 6,1°, seguido de al menos otras ocho réplicas con magnitudes entre los 4,8° y 5,6° Richter.

Resulta imposible hacer cualquier comentario económico-financiero sin antes lamentar la tragedia de muchas familias mexicanas a consecuencia del sismo. Fueron más de 400 las vidas cobradas por estos terremotos que devastaron buena parte del centro y sur del país. Cerca de 190.000 inmuebles sufrieron graves daños o fueron destruidos a causa de estos desastres. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció que basado en datos preliminares el costo de reconstrucción superaría los 38.000 millones de pesos, más de US$2.000 millones. Esta cifra sigue aumentando con el pasar de las semanas y es más, algunas firmas independientes han cifrado las pérdidas en más del doble.

Sólo por el concepto de reconstrucción de viviendas se requerirían alrededor de 17.000 millones de pesos (más de US$900 millones). Un 40% de este monto se destinaría solo en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Por su parte, la reconstrucción de infraestructura educativa tendrá un costo de 20.000 millones de pesos mexicanos (unos US$1.060 millones), mientras que la recuperación de más de 1.500 edificios históricos y de valor cultural supondrá una inversión de otros 8.000 millones de pesos (unos US$430 millones).

Los US$2.000 millones parece una cifra menor si se considera que el PIB mexicano de 2016 según datos de 2016 del Banco Mundial superó el billón de dólares. Asimismo, representa menos del 1% del presupuesto de egresos que propuso el Ejecutivo para 2018 (el que entrará en análisis) y alrededor de la mitad de los recursos que se destinarán a las elecciones de 2018.

No obstante, el Gobierno federal enfrenta un severo problema de deuda, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda en 2016 representó cerca del 35,6% del PIB.

Además, hay que recordar que el gobierno había estado recortando los recursos públicos destinados a la construcción de obra pública como escuelas, hospitales, carreteras, ductos para combustibles y suministro de agua. De hecho, los gastos entre enero y abril de este año estuvieron un 19,9% por debajo de los realizados en el primer cuatrimestre del año anterior.

Con esto en consideración, se trata de cifras muy relevantes y que muestran el desafío al que México debe enfrentarse. Un reto que no sólo debe ser abordado por el sector público, sino que abre las puertas a un mayor involucramiento del sector privado en la reconstrucción de la infraestructura del país. De hecho, Peña Nieto llamó al sector empresarial a participar en una mesa de coordinación de las labores de reconstrucción, que tendrá como finalidad “optimizar el uso y destino” de los recursos

Financiamiento

El gobierno mexicano informó que el país tiene al menos cinco fondos financieros públicos disponibles para paliar algunos de los gastos que generarán las obras de reconstrucción.

Bandera

Más de 400 muertos es el saldo dejado por los movimientos sísmicos que azotaron México en septiembre. Foto: AFP / Yuri Cortez 

El fondo más significativo corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el cual aportaría unos 27.000 millones de pesos (unos US$1.430 millones). Le siguen el Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que en su conjunto alcanzan los 18.400 millones (US$980 millones). En tanto, el Fondo de Reconstrucción y el Fondo para Reparar Escuelas, aportarían 7.000 millones y 1.800 millones respectivamente (totalizando unos US$470 millones).

De esta forma, la suma total del capital para la reconstrucción del país superaría los 54.200 millones de pesos mexicanos, equivalente a unos US$2.890 millones.

Cabe destacar que durante la primera quincena de octubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la activación del Bono Catastrófico, que permitirá al gobierno federal contar con US$150 millones más para la reconstrucción de viviendas e infraestructura.

Por parte del sector privado ya se han anunciado fondos para ayudar a volver a poner el país de pie. El empresario Carlos Slim ya se comprometió con una donación de US$106 millones y comentó que, pese a la tragedia, estos terremotos detonarán la economía y el empleo en muchas zonas afectadas. “Sin duda va a generar mucho empleo, va a haber reconstrucción, actividad económica. Especialmente en estas zonas tan pobres y de bajos ingresos, marginadas”, indicó Slim en una multitudinaria rueda de prensa en Ciudad d México.

Estos recursos, propios, se suman a los fondos aportados por 217.000 particulares de la Fundación del magnate, cuyos donativos superaron los US$20 millones.

Revisión normativa

México ya había sido azotado por un fuerte terremoto en 1985 (también un 19 de septiembre). En esa ocasión el sismo cobró más de 12.000 vidas. Sin duda se aprendieron lecciones luego del desastre de hace 32 años atrás y la modificación de los principios normativos en la construcción entre episodios rindió sus frutos. Sin embargo, a pesar de tomar en consideración que muchos de los edificios que cayeron o experimentaron daños estructurales tenían entre cuatro y siete niveles habían sido construidos antes de 1985, todavía queda mucho por hacer para evitar que estos desastres naturales cobren tantas vidas y generen tantos daños materiales.

En este sentido el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) junto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM (Lingen) y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural (SMIE), preparan una nueva norma de reconstrucción “que será rigurosa y dará certeza a las edificaciones que quedaron en pie y las que se construyan en el futuro para soportar sismos como el del pasado 19 de septiembre”.

Pena nieto

El presidente enrique Peña Nieto ha recorrido gran parte de las zonas afectadas.

Por su parte, Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), durante el Foro Infraestructura 2030, llevado a cabo el 12 de octubre, destacó la necesidad de revisar cada una de las normas de edificación para descartar o asegurar si las afectaciones corresponden a este tipo de fenómenos y así actuar con los índices de seguridad necesarios. Con la revisión, añadió, expertos deben determinar si es necesario modificar dichas normas, sosteniendo que dijo que las reglas de construcción en Ciudad de México son adecuadas o se deben revisar para mejorarlas, pero no cambiarlas por cambiarlas.

Pero más allá del endurecimiento de las normas también es importante el control e inspección de ellas.