Chile: un país de oportunidades

La alianza público-privada ha sido una excelente herramienta para llevar a cabo las obras que el país necesita. Sin ir más lejos, el sistema de concesiones ha sido una política pública exitosa que le ha permitido al Estado disponer de más de US$11.000 millones para financiar planes sociales, que, de otra forma, no se hubieran podido concretar.

En lo inmediato, esperamos que se concrete el plan de concesiones por US$8.000 millones que anunció el actual gobierno que llevaría a cabo durante su mandato. Este plan considera la ejecución de obras nuevas, así como un programa de mejoramiento de las actuales carreteras concesionadas, para adecuarlas a las nuevas necesidades.

A futuro, creemos necesario continuar avanzando en la consolidación del mecanismos de concesiones en áreas donde ya se ha aplicado -como autopistas urbanas, interurbanas, puertos, aeropuertos- e incorporarlo a otros ámbitos como salud, mediante la concesión de hospitales; educación, a través de la construcción y mantención de establecimientos educacionales, e infraestructura carcelaria, cuya necesidad en Chile es evidente.

INFRAESTRUCTURA

- ¿Cómo se comportó este sector en 2011?

La inversión en infraestructura es una de las áreas que ha mostrado mayor dinamismo en los últimos años, representando en la última década cerca de dos tercios de la inversión total del sector. Dentro de este subsector, destacan principalmente los proyectos privados de minería y energía, los cuales explicarán más de la mitad de la inversión en infraestructura de los próximos años.

Para la CChC es clave que en el país se siga construyendo la infraestructura que necesita, dado que la entendemos como un pilar fundamental de desarrollo social y económico, que ayuda al país a ser más competitivo.

- ¿Cuáles son los principales desafíos?

Nos preocupa, entre otros aspectos, que no exista una mirada de largo plazo para el desarrollo de la infraestructura -que permita una planificación que vaya más allá de los gobiernos de turno- ni una Política Nacional de Desarrollo Urbano, que oriente y entregue reglas claras respecto del crecimiento de las ciudades. Contar con ambas iniciativas permitiría además una adecuada participación ciudadana y que, por lo mismo, los proyectos se puedan ejecutar sin contratiempos.

Debemos además duplicar los niveles de inversión en infraestructura si queremos elevar la tasa de crecimiento del país -de modo que se ubique en torno al 6% anual- y alcanzar el desarrollo el año 2018. En los países de la OCDE que todavía mantienen altos niveles de crecimiento el porcentaje de inversión en infraestructura supera el 5% del PIB.

- ¿Cómo analiza riesgos como la inflación, tasas y energía?

La tasa de interés y la inflación debieran mantenerse en sus niveles actuales para lo que queda de 2011, lo cual no influiría de gran manera en el crecimiento de la actividad de la construcción.

En lo que respecta a la energía, Chile es uno de los países de la región donde este insumo en más caro, lo que va restando competitividad a las empresas locales y al país en general. Por eso es que se requiere duplicar la matriz energética y ampliar significativamente la capacidad de transmisión. Debemos aspirar a tener una matriz segura (en cuanto al suministro), sustentable (que cumpla las exigencias de cuidado del medio ambiente) y económica.

PAÍS SÍSIMICO

Para nadie es un misterio: Chile es un país sísmico. Y si bien la construcción chilena tuvo un muy buen comportamiento frente al terremoto del 27 de febrero de 2010, éste dejó lecciones que se han ido incorporando al marco normativo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo encargó a un grupo de expertos estructurales la revisión de la normativa vigente y su modificación, considerando los efectos del movimiento telúrico sobre las estructuras, con el fin aumentar la seguridad de las edificaciones. De allí surgieron modificaciones transitorias a dos normas estructurales: "Diseño Sísmico de Edificios" y "Requisitos de Diseño y Cálculo de Hormigón Armado", las que fueron publicadas en febrero de 2011 como decretos del Ministerio y sobre las cuales se trabaja actualmente en los anteproyectos para seguir con el proceso de incorporar sus cambios en las normas chilenas.

Asimismo, en el marco del Instituto Chileno de la Construcción, se han estado elaborando otras siete normas: Diseño sísmico de sistemas y componentes no estructurales, Proyecto de intervención estructural de edificios patrimoniales de tierra, Edificaciones estratégicas y de servicio comunitario, Proyecto de ingeniería estructural, Empujes de suelos sobre muros en edificios, Requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para ascensores electromecánicos frente a sismos y Diseño estructural para edificaciones en zonas inundables por tsunamis.

- ¿Cómo impactarán estos cambios?

Desde el punto de vista de los costos, las modificaciones a la normativa tienen efectos mínimos en las edificaciones de baja altura. En el caso de edificaciones en altura, el impacto dependerá principalmente de la estructuración del edificio y del suelo de fundación, teniendo mayor incidencia en el caso de edificios de plantas libres.

Si se mira desde la perspectiva de la tecnología constructiva utilizada actualmente, no existe impacto producto de los cambios introducidos en la normativa, ya que las nuevas normas sólo aumentan la cantidad de hormigón y enfierradura utilizada en un proyecto.

- ¿Cómo se posiciona Chile en materia antisísmica?

El comportamiento de las edificaciones durante el terremoto de febrero de 2010 demostró el excelente nivel de la ingeniería estructural y de la calidad de la construcción en Chile, puesto que sólo el 0,3% de los edificios en altura construidos entre 1985 y 2010 sufrió daños severos. Producto de ello, una gran cantidad de investigadores y profesionales extranjeros visitaron el país, con la finalidad de conocer la normativa local y su aplicación en el diseño y construcción.

RECONSTRUCCIÓN

- ¿Cuál es el impacto de la reconstrucción en el actual escenario?

La reconstrucción ha planteado un tremendo desafío -tanto a nuestro sector como al país en general-, dada la necesidad de responder a las urgentes demandas de las personas que quedaron más afectadas por el terremoto. En un primer momento, la actividad de la construcción se orientó a la reposición de la infraestructura dañada, tanto pública como privada, y también hubo una alta demanda asociada a la reparación de viviendas. Sin embargo, la construcción de nuevas viviendas para las personas damnificadas ha avanzado a un menor ritmo que el previsto, lo mismo que la ejecución de nuevas obras públicas, por lo que se puede decir que el dinamismo del sector está vinculado a la inversión privada y no como efecto del terremoto.

- ¿Cuáles son los principales planteamientos de la Cámara en relación a agilizar la reconstrucción?

Desde que se planteó la necesidad de reconstruir más de 200.000 viviendas destruidas por el terremoto hemos apoyado a las autoridades sugiriéndoles diversas medidas para reforzar el programa de reconstrucción, de manera de responder con la mayor agilidad posible a las demandas de las personas damnificadas. Por lo mismo, hemos visto con mucha satisfacción que el Gobierno y el Poder Legislativo han acogido parte importante de nuestros planteamientos.

Particularmente destacable nos parece el subsidio portable o voucher endosable que se entregará a los damnificados, puesto que privilegia la capacidad de elección de los propios damnificados, que ahora podrán elegir cuál es la alternativa que más les acomoda para solucionar su problema, no teniendo ya la obligación de reconstruir en el mismo sitio en que estaba su antigua vivienda.

Ahora bien, para que tanto este programa como el incentivo a la densificación y renovación urbana en los cascos históricos funcionen adecuadamente es importante que se les asignen los recursos necesarios como para que se traduzcan en una solución concreta y en corto plazo para las personas que perdieron su vivienda.