Chile: Una oportunidad para encauzar el rumbo

Estamos iniciando el último trimestre del año y con ello comienza la época de hacer balances. Desde la Cámara Chilena de la Construcción podemos decir que 2017 no ha sido un año fácil. Al contrario, ya sumamos 11 meses seguidos con cifras sectoriales negativas y, de acuerdo con nuestras estimaciones, es muy probable que cerremos este año con una caída de alrededor del 0,3%, completando así cuatro años de bajo crecimiento.

Dichas cifras se explican, principalmente, por la profundización del retroceso de la inversión en infraestructura productiva privada, que estimamos caerá en un 3,1%, y en la inversión en vivienda pública, que se contraerá un 1,7% durante este año.

Las cifras del desempleo sectorial también nos preocupan. No podemos olvidar que la construcción genera el 8,7% del empleo en todo el país y este año hemos sido testigos de cómo el mercado laboral se ha debilitado.

Si en 2016 nuestro sector terminó con un desempleo cercano al 10%, para fines de este año esperamos que esa cifra se ubique en torno al 11%. Números que además van acompañados de una reforma que entró en vigencia y que, en vez de mirar los desafíos del futuro en el ámbito laboral, terminó siendo un nuevo marco jurídico que solo dio más poder a los sindicatos.

Desde nuestra lectura, estas débiles y negativas cifras han sido resultado de una política que, por acción u omisión, ha posibilitado la elaboración de políticas públicas que afectaron la confianza, la inversión y el crecimiento, lo que sumado a la última etapa de la crisis que afectó al precio del cobre, provocó un grave y profundo impacto sobre nuestra economía.

La reforma laboral antes mencionada ha convivido además con otras reformas (tributarias y educacionales) que si bien persiguen objetivos válidos y compartidos han tenido una débil y dificultosa implementación, lo que ha aumentado el clima de inseguridad y de incerteza respecto del futuro y posibilidad de concreción de los grandes proyectos de inversión.

Como gremio hemos sido enfáticos en reiterar la necesidad de que las autoridades vuelvan a poner el foco y los esfuerzos en retomar el crecimiento económico y la inversión privada como protagonista de dicho crecimiento.

Pero hasta ahora no hemos visto cambios en dicha dirección. Basta recordar lo sucedido con el rechazo al proyecto minero Dominga y la pésima señal que se entrega a quienes buscan desarrollar e invertir en nuevos proyectos en nuestro país. La confianza de los empresarios de la construcción ha mantenido altos niveles pesimismo, lo que es reflejo de la mejor demanda y actividad en la ejecución de proyectos.

Sin embargo, creemos que las próximas elecciones presidenciales son una oportunidad para que el nuevo Gobierno retome el rumbo y vea en el crecimiento económico una palanca fundamental para lograr el desarrollo. Estamos convencidos de que ésta es la única forma de sacar a más de un millón de personas de la pobreza y de financiar la satisfacción de múltiples demandas sociales.

¿Por dónde comenzar?

Tal como lo anunciamos durante la última Semana de la Construcción (desarrollada en mayo pasado en Santiago), creemos que existen medidas concretas que las autoridades pueden adoptar si lo que se quieren es dinamizar la economía.

En primer lugar, se deben agilizar los proyectos de concesiones ya adjudicados y que, pese a estar licitados, aún no pueden comenzar su construcción. Según nuestras estimaciones, hay proyectos por US$1.500 millones en esta situación, los cuales además podrían emplear, durante su ejecución, a cerca de 2.000 personas.

En segundo lugar, es fundamental acordar una nueva agenda pro-crecimiento entre el sector público y privado y cuyo propósito sea devolver el dinamismo a la economía y elevar el crecimiento potencial del país.

Por último, sugerimos crear un nuevo subsidio de movilidad social, permitiendo que aquellas personas que ya obtuvieron un subsidio habitación y que tienen una vivienda, la entreguen como parte de pago para, con el apoyo de un nuevo subsidio acotado y un crédito hipotecario, puedan acceder a una mejor vivienda, en barrios mejor localizados y con mejores estándares. Este tipo de subsidios generaría además un doble beneficio, pues se crea un stock de viviendas que -tras ser reacondicionadas- pueden quedar disponibles para los sectores vulnerables e inmigrantes.

En el Congreso, en tanto, se están llevando a cabo discusiones importantes no sólo para nuestro sector, sino para el país, en el entendido de que el desarrollo de más y mejor infraestructura se traduce directamente en impacto positivo sobre la calidad de vida de todos los chilenos.

Me refiero específicamente a dos proyectos de ley que son clave para robustecer la institucionalidad asociada al desarrollo de proyectos de infraestructura, permitiendo que estos se gestionen a partir de una mirada de largo plazo, con independencia de los ciclos políticos y reduciendo el actual déficit en infraestructura.

Se trata de la creación de la Dirección General de Concesiones -la cual confiere jerarquía administrativa a un área clave para el desarrollo y competitividad del país, posibilitando que las concesiones sean ejecutadas y planificadas con mayor eficiencia, con equipos más profesionales y en períodos de largo plazo-, y del Fondo de Infraestructura, que debiera actuar como un fondo de garantía para nuevas obras de infraestructura y con una presencia acotada del Estado en la propiedad de las mismas.

Estos dos proyectos en tramitación pueden terminar siendo un buen ejemplo del trabajo y esfuerzo conjunto entre el Estado y los privados por buscar una mejor ejecución en las políticas de infraestructura pública.

Ahora bien, si hablamos de balances, no podemos dejar de mencionar el inestimable daño a la certeza jurídica que provocan los casos de un creciente número de autoridades públicas que han desconocido derechos adquiridos por quienes han tramitado y obtenido la aprobación de anteproyectos y permisos de edificación para la ejecución de proyectos inmobiliarios.

Estos casos dejan en evidencia, primero, una grave debilidad de la institucionalidad del país y que se traduce en ya crítica y creciente dificultad para ejecutar proyecto de inversión de todo tipo. Y segundo, la necesidad urgente de promover un debate serio y responsable respecto de la política urbana y de desarrollo que queremos para nuestras ciudades.

En ningún caso es aceptable que tres de cada diez comunas de Chile no tengan un plan regulador propio y que el promedio de antigüedad de los Planes Reguladores Comunales -en comunas con más de 50.000 habitantes- sea de 17,3 años.

Nuestras ciudades crecen a un ritmo sostenido y existe una demanda que solo en Santiago alcanza a 650.000 nuevas viviendas en los próximos 10 años. Por ello, es urgente definir en conjunto entre el sector público, el privado y la sociedad organizada cómo y dónde podrán ser construidas para responder a las necesidades habitacionales de millones de personas y garantizarles a todos ciudades más amables, con más espacios públicos y mejores servicios.

Creemos estar en un punto de inflexión, donde se necesita reconstruir confianzas y trabajar en conjunto para acelerar el paso hacia un mejor país, más desarrollado y que ofrece mejor calidad de vida a sus habitantes. Y para ello es fundamental volver a considerar el valor del crecimiento económico como fundamento de estos progresos.

Como gremio nos sumamos a esa tarea. Impulsando con capacidad de diálogo y una actitud propositiva el desarrollo de nuestro sector, pero también el de la sociedad en su conjunto.

Sergio Torretti Costa es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y este año asumió su segundo periodo al mando de la entidad.