Argentina mira el futuro

Una vez más la economía argentina está viviendo grandes dificultades, las que se han visto más pronunciadas debido a la pandemia del covid-19. Las intensas restricciones financieras que está experimentando la segunda mayor economía de América del Sur se ha traducido en una muy fuerte devaluación de su moneda frente el dólar, un aumento del endeudamiento y una menor participación en el comercio internacional.

Lo anterior, sumado a la falta de disponibilidad de reservas financieras internacionales, sigue afectando su capacidad de generar movimiento económico interno, lo que resulta en menor crecimiento y menor renta para la población.

A mediados/finales de marzo el ministro de Economía, Martín Guzmán, llegaba a Nueva York para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, para discutir sobre el futuro programa que firmará el Argentina para postergar el pago de US$45.000 millones que el FMI desembolsó hacia el Tesoro entre 2018 y 2019. Asimismo, la agenda del personero incluía visitas a inversionistas, académicos y centros de estudios que, de una u otra manera, podían aportar con ideas para solucionar la dramática situación del país.

El impacto brutal que tuvo la pandemia y la opción que tomó el gobierno de Alberto Fernández por la adopción de medidas altamente restrictivas a la circulación de personas, hacen que las proyecciones para la economía argentina sean desastrosas y es así como el Banco Mundial pronosticaba en enero una caída del 10,6% del PIB para 2020, el descenso más pronunciado de América del Sur, luego del de Perú (-12%). Para 2021, el organismo internacional prevé un repunte insuficiente para reponer las pérdidas, de tan solo un 4,9%.

El conjunto de factores que contribuye a empeorar el escenario argentino es la caída en la demanda internacional por sus exportaciones, el colapso del turismo (importante fuente de ingresos para el país), y un grado significativamente mayor de incertidumbre económica.

Vacunación

En Argentina, se está aplicando la vacuna Sputnik V, de Rusia, en grandes cantidades, debido a un acuerdo del país con el gobierno de Vladimir Putin. Además, vacunas chinas y la de Universidad de Oxford en asociación con AstraZeneca se están igualmente aplicando en la población.

A mediados de marzo, el país superaba los 2 millones de personas vacunadas con la primera dosis, y poco más de 500.000 habían recibido la segunda dosis de algún inmunizante.

“El país tiene capacidad de vacunar a 4,5 millones de personas por mes, estamos por debajo de ese número, en tres millones de personas, y eso hay que agilizarlo”, dijo el presidente Alberto Fernández durante un discurso reciente en que ofreció datos sobre la llegada de nuevos lotes de vacuna desde Rusia y China. De hecho, Aerolíneas Argentina viene realizando viajes regulares a Moscú para recoger lotes de vacuna para entregar al gobierno. En la madrugada de 18 de marzo salía de Ezeiza para traer una nueva carga de vacunas. La cantidad solo sería informada cuando estuviese el avión cargado. En vuelos anteriores, la compañía trajo al país cerca de 2,5 millones de dosis de Sputnik V y 904.000 dosis de una vacuna de China.

Si el proceso de vacunación siguiera al ritmo actual, de acuerdo con el sitio www.timetoherd.com, al 7 de abril el país demoraría unos 614 días para que un 70% de la población estuviese vacunada.

Datos de la construcción

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción habría caído un 19,5% durante 2020. A pesar de que este indicador económico puede mostrar una realidad extremadamente dura, algunos especialistas adelantan que el 2021 será un año de recuperación.

Al menos así lo demuestran las cifras de enero. De acuerdo con el Indec la actividad registró un alza del 23,3% frente a igual mes de 2020, con lo que se confirma el repunte que ya había experimentado en diciembre anterior, con un crecimiento interanual del 7,4%.

Garantías de mínimos niveles de actividad económica y una puesta en marcha de modo organizado, ha sido la forma encontrada por los gobiernos alrededor del mundo para no paralizar completamente sus sectores productivos. Es ahí como el gobierno de Argentina está jugando de manera interesante con la infraestructura pesada y la construcción de viviendas sociales.

A través del programa de vivienda social Procrear II (la primera versión tuvo lugar durante los años del gobierno de Cristina Kirchner), el Ministerio de Desarrollo Territorial viene adjudicando obras de conjuntos habitacionales en distintos puntos del país. El más reciente anuncio del programa fue la licitación para la construcción de 172 viviendas en las localidades de Tapalqué, Benito Juárez y Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Solo este proyecto considera una inversión pública de más de 730 millones de pesos argentinos (unos US$8.5 millones).

Desarrollos urbanísticos como estos encuentran ahora una forma de financiamiento especial, que se vincula directamente a la variación de los sueldos de los trabajadores que toman los préstamos. Se trata del sistema Hog.Ar, una modalidad crediticia que se basa en los coeficientes de variación salarial publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además de proveer casas dignas a los que viven en situación de vulnerabilidad, otro de los objetivos del programa es lograr impactos económicos locales. “Con estas licitaciones buscamos generar vivienda y trabajo para los argentinos. Por un lado, mediante la construcción de nuevos desarrollos que permitan a más familias acceder a su primera casa; y por otro, gracias a la participación de oferentes locales que tienen un gran impacto en la economía regionale”, dijo el secretario de Desarrollo Territorial del gobierno nacional, Luciano Scatolini.

Otras iniciativas conectadas al sector de construcción en curso en Argentina son las de infraestructura vial. El departamento de Vialidad Nacional, integrante del Ministerio de Obras Públicas, logra mantener en acción una agenda de intervenciones sobre las rutas nacionales y carreteras menores, incluso durante la pandemia.

Son obras, mayormente de pavimentación superficial o recarpeteo de tramos dañados en la malla vial. Entre los diferentes proyectos llevados adelante por medio de contratistas locales especializados en vías, se encuentran proyectos como la transformación de 33 kilómetros de la Ruta Nacional 33, en Buenos Aires. Los trabajos se están realizando entre Bahía Blanca y Tornquist, y van más allá de la misma pavimentación, incluyendo la construcción de un puente, 103 alcantarillas transversales, 28 alcantarillas laterales y cinco intercambiadores a distintos niveles, para dar acceso a vías vecinales y permitir retornos. Se estima que solo este proyecto sea de beneficio para unos 4.500 usuarios por día.

Hay más ejemplos de cómo el gobierno usa la infraestructura vial para mover la economía del país durante la pandemia. En la provincia de Misiones, el mismo presidente Alberto Fernández entregó recientemente la repavimentación de 33,2 km de la Ruta Provincial 17, proyecto que costó 1.729 millones de pesos (unos US$20 millones).

Gentileza Prensa Ministerio de Economía

En la provincia de Santa Fe, están casi concluyendo los trabajos de repavimentación de la Ruta Nacional 34, que es una importante vía de conexión de Rosario con la frontera de Argentina y Bolivia. De acuerdo con Vialidad Nacional, por los tramos mejorados con este proyecto circulan alrededor de 7.000 usuarios a diario.

Medidas como estas, aunque no representen un plan de infraestructura de magnitud transformadora, tienen la capacidad de generar trabajo y renta durante uno de los años más complicados de la historia argentina. Por ello, según el Ministerio de Obras Públicas, son cerca de 1.000 obras viales activas en las 23 provincias de Argentina, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El monto total invertido es de 556.780 millones (alrededor de US$6.000 millones), y otros 833 proyectos estarían en proceso de estudios para futura licitación.

Expectativas

“Las obras públicas son la base de la reconstrucción de Argentina”. Con estas prometedoras palabras el presidente Fernández se refirió a la estrategia comentada anteriormente cuando dio una charla para el lanzamiento de los 30 primeros proyectos de infraestructura en 2021. Lo secundó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Kastopodis, quien dijo que “éste será el primer año de la reconstrucción de Argentina. El país necesita mejores carreteras para conectarse, pero también tiene que mirar la infraestructura con ojos hacia el desarrollo”.

Esta impresión causada por los líderes nacionales es reforzada por la aprobación de una nueva ley que promete traer fuertes incentivos fiscales a la construcción. La nueva norma crea un régimen especial de inversión en obras privadas a través del blanqueo de capitales en dólares no declarados al gobierno, ya sea estén depositados en Argentina o no. A cambio, los que realizaron tal práctica recibirían una amnistía.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, dijo que “el proyecto fue trabajado entre el sector privado y el gobierno, previendo exenciones sobre bienes personales y lucros. Por otro lado, una exteriorización de capitales específica para la construcción”. Para el representante gremial, “esto servirá para crear un nuevo desarrollo para el sector, recuperar los puestos de trabajo perdidos y lograr aumentar la oferta de viviendas”.

“Este año fue especialmente difícil, veníamos de más de dos años de caída ininterrumpida, sea en obras privadas o públicas, perdimos 180.000 puestos de trabajo y la pandemia agravó mucho esta situación”, dice Szczech. De manera que, para él, los incentivos son “lo necesario para fortalecer el sector, generar más inversión y más actividad económica, lo que trae como consecuencia más empresas y más empleos”.

Así las cosas, hay un panorama difícil, pero se sostienen expectativas positivas.