Brasil: cómo recuperarlo

Sigue siendo imposible afirmar cuándo y/o a qué ritmo la economía brasileña va reanudar su crecimiento. Pero ya se notan tímidas señales positivas que vienen de la mano con las noticias de decisiones económicas ortodoxas del gobierno del presidente interino Michel Temer.

Las expectativas de los agentes económicos son de hecho más positivas al final del primer semestre de 2016. Sin embargo, la mayoría sigue esperando un segundo año de fuerte recesión. Hasta el cierre de esta edición, la última investigación periódica realizada por el Banco Central del país anunciaba, en promedio, expectativas de un 3,25% negativo en 2016. La encuesta anterior había apuntado un 3,3% negativo. O sea, los pronósticos mejoran, pero siguen siendo negativos.

El escenario político comienza a despejarse, aunque siga incierto. El proceso de impeachment de la presidente Dilma Rousseff, cuya gestión económica es condenada como culpable de la recesión por casi todos los economistas en Brasil, seguía abierto hasta el cierre de esta edición. El mercado es unánime: si el Senado votara por reconducirla al gobierno, se produciría una gran y negativa reversión de las expectativas.

Pero más que sólo expectativas y deseos de recuperación, hay hechos concretos que sustentan el discreto optimismo entre los agentes económicos brasileños.

Por ejemplo, en 2015, bajo el mando de Dilma Rousseff y su equipo, el gobierno rechazó hacer cortes en los gastos públicos que tenían que ver con servidores públicos, pensiones y otros instrumentos sociales. En cambio, se recortó en inversiones, que cayeron casi un 40% el año pasado. Ahora, la política es reducir el presupuesto público y poner límites al crecimiento de los gastos, dejando espacio para que crezca la inversión.

Ya se observan los primeros resultados. El primer semestre experimentó un crecimiento de un 8,3% en las inversiones del Estado. Pero no hay que ilusionarse: de los 20.800 millones de reales (cerca de US$6.300 millones), el 90% corresponde a pagos atrasados, o sea, obras que ya estaban concluidas o paralizadas.

Sin embargo, esto no deja de ser buena noticia. El país tiene en 2016 nada menos que 5.000 obras públicas paralizadas. Hay de todo en este grupo, desde carreteras hasta escuelas, y el pago de éstas deudas es un respiro para el sector.

En tanto, lo que todos los agentes económicos observan con atención es el llamado PPI, Programa de Asociación para Inversiones (por la sigla en portugués), con el cual el gobierno espera movilizar una cantidad realmente significativa de capital hacia proyectos de infraestructura, pero ahora con participación estatal significativamente menor.

PPI

Sin embargo, el nuevo PPI puede verse como una más entre tantas promesas para revertir el crónico bajo nivel de inversión en infraestructura en Brasil. En el ranking de inversión en infraestructura elaborado por el Banco Mundial el país está en el puesto 169 de 189 naciones investigadas. A nivel de comparación con vecinos latinoamericanos, Chile está en el puesto 24 y Perú en el 48. Otro dato: el promedio de inversiones en Brasil está en un 2,18% del PIB.

Lo que puede ser distinto con el PPI es la promesa de una efectiva participación privada. El gobierno interino de Michel Temer señala claramente que el capital privado debe ser el protagonista del programa.

En resumen, lo que hasta ahora se sabe es que el PPI deberá poner en concesiones y APPs una amplia gama de iniciativas. Lo más concreto al momento son las concesiones de activos ya en operación, como los aeropuertos de Salvador, Porto Alegre, Fortaleza y Florianópolis. Si el gobierno interino finalmente asume el poder, con el voto final del Senado para retirar Dilma Rousseff, el PPI deberá presentarse con más detalles, en forma de licitaciones de grandes proyectos.

Para el presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC), José Carlos Martins, el PPI será efectivamente un instrumento de promoción de las inversiones. “Estamos seguros de que el PPI va a posibilitar las inversiones. Hay algunas pocas adaptaciones necesarias. Su gran novedad es la creación de un fondo estructurador de proyectos en el BNDES (banco público de fomento de Brasil)”, afirma el representante gremial, confirmando el relativo optimismo del sector con las nuevas políticas.

Pero no hay que olvidarse que el sector de construcción que va emerger de esta crisis de profundas dimensiones económicas y éticas tendrá un nuevo aspecto. Muy probablemente, los grandes nombres que hicieron la historia de la construcción pesada en Brasil sobrevivirán, pero tendrán que convivir con nuevos actores.

Pavimentar el camino de este nuevo panorama es el trabajo al cual se dedican tanto la CBIC como varias de las empresas interesadas en crecer realizando el futuro ciclo de la infraestructura brasileña.

Para lograr este objetivo, la CBIC viene lanzando guías y orientaciones sobre ética de competencia comercial, relación con el poder público, formación de consorcios para licitaciones y participación en APPs, todos destinados a estimular que más empresas formen parte de este mercado.

Entre los muchos ejemplos de posiciones políticas que la entidad asume para defender este principio, Martins mencionó algunas en su entrevista a CLA.

“Queremos crear instrumentos que abran el mercado para más gente”, dice el presidente de la CBIC. “Cuando hay competencia por los proyectos, quienes se siente perjudicados reclaman, y el sistema se autorregula. La concentración en pocos actores, siempre los mismos, promueve los carteles y la colusión. Nosotros como CBIC proponemos cosas que van en la dirección contraria. Por ejemplo: no hay que ofrecer un lote de 1.000 kilómetros de carretera, sino que 10 lotes de 100 kilómetros, o cinco de 200 kilómetros”, dice.

Entre otros puntos defendidos por la CBIC para el nuevo momento de la infraestructura en el país, Martins señala la responsabilidad de las empresas medianas en abrirse al ojo ajeno, “no siempre estas empresas familiares tienen la suficiente transparencia como para generar credibilidad en quienes podrían invertir en ellas, a veces haciéndose sus socios”. Si las constructoras brasileñas quieren participar del mercado de infraestructura deben convivir con más evaluaciones externas para acceder a los financiamientos.

Éste es otro punto importante. El sector siempre dependerá de créditos para funcionar. Pero la credibilidad del país está más baja que nunca. ¿Cómo aumentar la participación privada en grandes proyectos si los tomadores de crédito no son lo suficientemente confiables como para financiarse con tasas y plazos que no inviabilicen los mismos proyectos?

La respuesta de la CBIC es clara. “Hay que hacer todo lo necesario para generar mayor comodidad para quien invierte y financia. Proponemos para el mercado de infraestructura un mecanismo similar al del mercado inmobiliario. Un sistema que blinda el emprendimiento, que impide que un proyecto se ‘comunique’ con otros de la misma empresa. En infraestructura, si un emprendimiento va mal la empresa lo paga con lo que genera con otros. El riesgo del financista aumenta. Pero si creamos instrumentos que facilitan y aseguran la concesión de créditos, más gente podrá acceder a ellos, y van a ser más los favorecidos. Esa es una manera de poner más gente en el mercado”.

Finalmente, la tan discutida entrada de las empresas extranjeras en la construcción pesada de Brasil es algo que aún está en duda. Si bien es cierto que algunas empresas del exterior ya están en movimiento, preparándose para cuando comience el proceso de licitaciones y subastas, el empresariado nacional se mantiene alerta. “Nosotros no somos xenofóbicos, no tenemos nada en contra de que ellos vengan con su capital y tecnología. Lo único que no podemos aceptar es que vengan a trabajar en condiciones distintas de las nuestras. No puede haber privilegios. El ideal es que si entran, se asocien con empresas brasileñas. Comprender las especificaciones del mercado nacional es complicado, y un buen socio nacional es importante”, afirma José Carlos Martins.

El ambiente, finalmente, no se puede definir como de entusiasmo. Pero ya no se respira el aire deprimido de finales de 2015, cuando ninguna esperanza parecía existir. En lo que respecta la industria de la construcción, el compás es de espera. Espera con cautelosa esperanza.

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Todos contra la otorga onerosa

Paulo-skaf El presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, exige que el PPI sea por menor precio.

Un modelo tradicional de concesión de infraestructuras en Brasil es la otorga onerosa, que se constituye al imponer una obligación financiera al concesionario junto con la firma del contrato. O sea, la empresa paga al Estado una inversión inicial, la que en teoría recupera a lo largo del período de concesión.

Los grandes agentes económicos de Brasil no quieren este modelo en el programa PPI, y se están movilizando por ello. Proponen que las licitaciones se hagan por un precio menor. O sea, que el vencedor de una licitación sea el consorcio que se comprometa a hacer el servicio por menor valor, con garantías de calidad. Esta es la posición de la CBIC, y también de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp).

En un reciente encuentro con el ministro responsable del PPI, Moreira Franco, el presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, le pidió que no se elija el camino de la otorga onerosa. Para él, ésta “cuesta caro para la sociedad y afecta la competitividad por décadas”. Todo porque las finanzas de la concesionaria quedan comprometidas si desde el día uno tiene que endeudarse como condición para firmar el contrato.

Modelos más modernos ya fueron aplicados en Brasil, como en la APP del metro de Salvador, donde la remuneración de la concesionaria fue separada del financiamiento de la obra. El crédito y el aporte del Estado pagan la obra pesada, que anda con velocidad porque la remuneración sólo se cumple mientras se entregan las etapas de la obra. Es un caso de éxito que puede moldear parte del PPI.