Brasil: Socorro externo

La industria de la construcción terminará el año con sabor amargo en Brasil. Una combinación perversa de factores está deprimiendo el sector y la creciente restricción a créditos financieros golpea principalmente a este segmento, siempre muy dependiente de financiamientos para trabajar.

Pero además, la gran recesión (el PIB de Brasil debe contraerse un 3% o incluso más en 2015) y el alza de la inflación (es consenso que la inflación a los consumidores superará el 10% hacia fin de año), golpean la demanda en general, agravando el contexto de la construcción.

El resultado será de lo más complicado. Luego de comprobar una caída de la industria de un 2,6% en 2014, la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) espera un nuevo descenso este año, y las cifras lo avalan. La actividad cayó durante el segundo trimestre de 2015 un 8,4% en comparación con el trimestre anterior, y un 8,2% si se compara con el mismo periodo del año anterior.

Considerando sólo los números de las constructoras de edificios residenciales y comerciales, la situación es aún más dramática. Entre enero y septiembre estas empresas emprendieron un 40% menos de proyectos en comparación con el mismo período del año pasado mientras que sus ventas en el mismo período interanual cayeron un 28,5%. Es así que 2015 será el cuarto año consecutivo de caída del sector de edificaciones urbanas, pero de seguro de los cuatro últimos éste será el peor.

Y para sumar antecedentes negativos está el sondeo que realizó durante el tercer trimestre la CBIC. Entre muchos datos, el estudio reflejó que un 30,7% de los empresarios cree que la baja demanda es el principal problema del sector siendo solamente superada por dos problemas estructurales y tradicionales del país: la elevada carga de impuestos y las altas tasas de interés.

Alta incertidumbre

Como si no fuera suficiente, la ya histórica investigación Lava Jato (lavado de autos) en la estatal de petróleo Petrobras retiró de la escena a las mayores empresas constructoras del país. En consecuencia, aunque el gobierno federal haya ofrecido en junio el Plan de Inversión en Logística, con cerca de US$60.000 millones potencialmente aplicables en una variedad de proyectos mediante concesiones, muchas empresas nacionales no podrán participar.

Debiera ser el momento para que las contratistas medianas se hicieran grandes y tomaran su lugar entre las empresas capaces de realizar infraestructura pesada. Pero éstas resienten la falta de mecanismos especiales para apoyarles, como mayores facilidades de garantía de capital y acceso a créditos.

No sorprende que a comienzos de noviembre el ministro de la hacienda de Brasil, Joaquim Levy, haya viajado a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y España para promover el programa de concesiones. En el frente interno, Levy está discutiendo con asociaciones de la construcción el lanzamiento del programa PPP Mais (APP Más), que supone nuevas reglas para estimular la participación de constructoras menores en infraestructura.

Sus resultados son todavía modestos. De acuerdo con reportes del ministerio, los inversionistas europeos se mostraron más interesados que los estadounidenses, debido a que muchos tienen experiencias previas en el país. En tanto, el gobierno brasileño sólo ahora está tomando iniciativas fundamentales para atraer la inversión extranjera hacia la infraestructura como por ejemplo poner las bases de licitación en internet en inglés y español, además del portugués.

Los inversionistas internacionales fueron claros al decir que demandan del gobierno cambios en la burocracia. Quieren más plazo entre publicación de bases y fecha de entrega de la propuestas (actualmente Brasil sólo otorga 45 días; mientras Colombia, que recibe mucha inversión extranjera, da hasta seis meses). El factor de las garantías financieras también surgió con gran fuerza.

El primer road show de infraestructura realizado en Brasil después de muchos años seguramente despertó el interés de empresas de gestión de capital y grandes constructoras de alcance internacional, pero para que ello se concrete se requiere que el país cumpla con las condiciones que permitan atraer nuevas inversiones que contribuyan a cerrar sus brechas de infraestructura.

Mercado interno

De este modo en el mediano y largo plazo tendrá lugar una reconfiguración importante del mundo empresarial de la construcción en Brasil. Obviamente, el mercado interno lo mira con cuidado.

Para el presidente de la CBIC, José Carlos Martins, ya se notan los primeros movimientos de extranjeros entrando al país en el sector. “Hemos recibido varios contactos de empresas interesadas”, afirma.

Reflexionando sobre ventajas y desventajas que la internacionalización del mercado puede traer, Martins señala que “si las empresas internacionales entran al mercado brasileño con el objetivo de apoyar el crecimiento, serán muy bienvenidas y seguramente podrán agregar alguna tecnología. El cuidado que debemos tener es que el tratamiento para extranjeras y nacionales sea igual; y que además se den garantías para el cumplimiento de los contratos”.

El representante gremial no se olvida de enfocar el tema de las restricciones legales. Básicamente, no hay una prohibición legal para que constructoras extranjeras participen en obras en Brasil, pero sí hay exigencias importantes. Si no hay cambios en la legislación, las entrantes no podrán liderar consorcios en disputa por licitaciones públicas y deberán abrir sedes nacionales con registro en los consejos de ingeniería para actuar.

Martins defiende las empresas nacionales. Según el ejecutivo, “tenemos muchas empresas en Brasil capacitadas para hacer lo que necesitamos en infraestructura. Pero sí se debe darles mejores condiciones, ajustando el modelo actual para que exista el mayor número de participantes posible”.

El presidente de la CBIC dice que el ajuste del modelo necesario pasa por una reducción de los gastos públicos a niveles compatibles con la realidad del país. “Con esta señal, la inversión volverá y por consecuencia la construcción recuperará su desempeño”, afirma.

Hasta los sindicatos de trabajadores en la construcción están entrando en el debate de cómo recuperar el sector. Para diciembre, en asociación con entidades empresariales, están programadas manifestaciones callejeras para defender la supervivencia de las constructoras investigadas por la Policía Federal.

Además de protestas, habrá seminarios en donde se redactará un documento político común en defensa del sector. Se prevé que este documento sea entregado al gobierno federal y al Congreso Nacional para ayudar a pautear la política económica y las investigaciones en 2016.

Básicamente, los sindicatos defienden que las empresas investigadas tengan la oportunidad de realizar acuerdos de ayuda con la Justicia, los que podrían permitirles volver a contratar con el Gobierno mientras que sus ejecutivos seguirían respondiendo las demandas por supuestos crímenes.

Los trabajadores tienen razón de protestar porque el desempleo en la construcción está en aumento. En las seis principales regiones metropolitanas del país (São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador y Recife), en 2014 la tasa de desocupación de los trabajadores del sector era del 2,6% al fin del año mientras que entre enero y octubre de 2015, éste índice ya estaba en 4,6%.

Odebrecht empieza a vender activos

Legalmente impedida de firmar nuevos contratos con el gobierno de Brasil, y con muchos de sus pagos bloqueados por las investigaciones de la Operación Lava Jato, la mayor constructora de América Latina está altamente endeudada.

En el mercado, la deuda estimada de Odebrecht está cerca de US$26.000 millones (98.000 millones de Reales). Poco más del 10% de este monto está en proceso de renegociación con acreedores, pero la compañía no podrá evitar la venta de activos.

Aunque todavía no existen informaciones seguras, los rumores apuntan a la venta de la planta hidroeléctrica Chaglla, en Perú, operación que supuestamente podría rendir al grupo US$900 millones.

Además, podrían suprimirse algunas subsidiarias, como sería el caso de Odebrecht Transport, que cuenta con concesiones de transporte en Brasil, y Odebrecht Ambiental, que actúa en servicios de agua y saneamiento en Brasil y en países como México y Angola.

Las investigaciones en Brasil apuntan a la participación de Odebrecht en el grupo de constructoras que se habría coludido para defraudar contratos en Petrobras, en asociación con ejecutivos de la misma estatal de petróleo. La Policía Federal del país arrestó hace casi seis meses al CEO y heredero del grupo, Marcelo Odebrecht, por presunta participación en el esquema.

São Paulo saca adelante plan de concesiones

Frente las muchas restricciones financieras que se cernieron sobre Brasil este año, la mayoría de los analistas pusieron sus fichas en los modelos de concesión para seguir promoviendo inversiones en infraestructura.

El estado de São Paulo, el más rico e industrializado del país, salió primero en esta carrera. A mediados de noviembre el gobernador del estado, Geraldo Alckmin, firmó un decreto para abrir un nuevo programa de concesiones por cerca de US$3.500 millones (13.400 millones de Reales).

Dicho plan tiene licitaciones previstas para 2016 entre los que se incluyen cuatro paquetes viales que suman 2.217 kilómetros, la línea 5 del metro de la ciudad de São Paulo, cuatro aeropuertos de aviación ejecutiva en las ciudades de Bragança, Campinas, Jundiaí y Ubatuba, además de líneas de buses intermunicipales.

Los paquetes no corresponden a construcciones desde cero. Todas las infraestructuras que van a concesión ya existen, pero sí es de esperar que los contratos prevean nuevas inversiones. Principalmente en las vías, pues los tramos elegidos serán conexiones entre las grandes carreteras que cortan el estado. Estos se caracterizan por la mala calidad estructural y cantidad de carriles que no soporta la demanda actual.