Canal de Panamá: ACP y consorcio presentan sus propuestas pero sigue el impase

En la primera reunión oficial entre la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio GUPC, ambas partes se acercaron a un acuerdo, pero sigue vigente la amenaza de las empresas de paralizar las obras de construcción de tres nuevas esclusas en ambos lados del canal.

La ACP ofreció un pago anticipado de US$ 100 millones además de otorgar una moratoria para otro pago anticipado de US$ 83 millones, pero bajo la condición de que las empresas del consorcio suspendieran su ultimátum y también aportaran US$ 100 millones.

Sacyr, la española que es la principal empresa del consorcio GUPC, no aceptó la propuesta pero devolvió lo siguiente: suspende el ultimátum si la ACP le anticipa US$ 400 millones, y no se pronunció respecto aportar nuevos valores a la obra.

Tal como está hasta ahora, el conflicto sigue en abierto y la amenaza de suspender las obras de ampliación sigue vigente, una vez que la ACP no aclaró todavía se está de acuerdo con las nuevas condiciones impuestas por el GUPC para continuar el trabajo de manera normal.

Impregilo

Salini Impregilo, contratista italiana que también es parte del consorcio GUPC, agregó una propuesta de solución al conflicto, pero después de la reunión oficial, lo que le da a su propuesta un carácter más bien de opinión.

La firma consideró "ridícula" la pretensión de la ACP de que el consorcio siguiera con los trabajos contra el aporte de US$ 100 millones más prorrogación de pagos por anticipos hechos anteriormente.

Para representantes de Impregilo, solo hay dos salidas para el conflicto. Una posibilidad sería que la ACP aportara un mínimo de US$ 1.000 millones. Otra, que aportara US$ 500 millones y aceptara la "consolidación" de los anticipos hechos, o sea, en términos prácticos perdonar los pedidos de pago anticipado que hizo el consorcio en distintas ocasiones.

El fondo del conflicto

En el día 2 de enero, el GUPC informó a la ACP que si no recibiera un pago adicional de US$ 1.600 millones hasta el día 20 de enero, suspendería la construcción de las nuevas esclusas, parte del proyecto de ampliación que se encuentra con un 65% de avance.

Sacyr, Impregilo, la belga Jan de Nul e la panameña CUSA, que forman el consorcio, alegan que los costos imprevistos durante la realización de la obra lo hicieron financieramente insostenible, y por eso pedían este pago y dieron el ultimátum.

La respuesta de la ACP fue enérgica. Dijo que no aceptaba la validez del ultimátum, además que el contrato prevé instancias independientes para solventar problemas jurídicos. También informó que garantizaba la conclusión de las esclusas aún si el consorcio desistiera del contrato, por medio del seguro internacional cuyo valor ascendería a los US$ 600 millones.

El contrato

EL consorcio GUPC se ha adjudicado el contrato de la construcción de nuevas esclusas en 2009, por un valor de US$ 3.118 millones. De este total, la ACP dice haber desembolsado ya US$ 2.831 millones. De estos pagos hechos, US$ 600 millones serían anticipos que se supone que el GUPC debería devolver, por lo que ahora se discuten plazos de moratoria además de la amenaza de suspensión total de la obra.

Gobiernos

El presidente de Panamá fue la primera autoridad a pronunciarse en el conflicto, reaccionando con indignación al ultimátum presentado por las empresas. Ricardo Martinelli amenazó con viajar a España e Italia para conversar directamente con los respectivos gobiernos para que ellos pusieron su fuerza sobre las empresas y así llegar a un acuerdo.

Su viaje por fin no llegó a producirse porque la ministra española del Fomento, Ana Pastor, se adelantó y desembarcó en Panamá para hacer la mediación del conflicto. Su logro hasta el momento fue el de poner ambas partes alrededor de una mesa para llegar al impase que ahora se vive.