Celebración y dificultades en 2014

Conflictos. Este año ha sido agitado para la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que ha visto como las obras de ampliación de su famoso cauce fueron amenazadas en repetidas oportunidades. El dos de enero comenzaron a moverse las aguas cuando el consorcio responsable por la construcción del tercer juego de esclusas, Grupo Unidos por el Canal (GUPC), amenazó con suspender los trabajos en caso de que las autoridades no les dieran un nuevo financiamiento de US$1.600 millones, monto que implicaba un incremento del 50% en el valor del contrato firmado en 2009 por US$3.200 millones. El proyecto total de expansión del Canal de Panamá fue presupuestado en US$5.250 millones.

¿La razón? “Aumentos de los costos producto de circunstancias no previstas”, según el conglomerado compuesto por la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA.

En ese entonces la respuesta de la ACP fue tajante y Jorge Luis Quijano, administrador máximo del Canal de Panamá, no aceptó el ultimátum y dijo que las empresas deben respetar el contrato que firmaron y acusó al consorcio de tratar de forzar a la organización a negociar fuera de lo establecido en el contrato.

Fue más de un mes de constantes amenazas de huelgas, dimes y diretes y negociaciones entre las partes involucradas, hasta que el 5 de febrero la GUPC paralizó sus trabajos, los que retomaría recién 15 días después, luego que la ACP aceptara pagar US$36,8 millones al consorcio por concepto de pago a trabajadores y proveedores.

Pero las esclusas no eran la única preocupación para Panamá en febrero. El 3 de ese mes se enfrentó a otro conflicto, esta vez con el consorcio conformado por las constructoras ICA, de México, MECO, de Costa Rica, y FCC, de España, quienes reclamaban un pago extra de US$44 millones, motivado, según el conglomerado, por diferencias encontradas en el suelo, además de interrupciones de su trabajo, demoras en recibir respuestas de la ACP y alteraciones contractuales.

El contrato establecía el servicio de excavación de la entrada del océano Pacífico por un valor de US$290 millones. La licitación fue efectuada en 2010 y el plazo original de los trabajos era para enero de 2015. Además del pago extra solicitado, el consorcio pidió una extensión de este plazo.

A finales de febrero finalmente se vería un poco de luz en el camino de la ampliación cuando la ACP y GUPC llegaron a un acuerdo involucrando aportes financieros de ambas partes más un capital aportado por la aseguradora Zurich para retomar normalmente las obras.

Pero lo bueno no siempre dura y el 23 de abril una huelga general del sector construcción en Panamá paralizó nuevamente los trabajos. Esta vez porque los trabajadores panameños de la construcción exigían de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) un programa de reajuste salarial del 20% anual en los próximos cuatro años. La entidad patronal no aceptó la propuesta y puso sobre la mesa un incremento total del 25% dividido en los próximos cuatro años.

Recién el 8 de mayo los trabajadores de la construcción de Panamá suspendieron la huelga luego de lograr un acuerdo con la CAPAC previendo aumentos salariales anuales de entre un 9% y un 10% -para distintas clases de trabajadores- hasta 2017.

Pero éste no sería el último conflicto. El 21 de julio los trabajos del cauce del Pacífico nuevamente se paralizaron por 24 horas cuando la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Untraics) solicitó un aumento que igualara sus salarios a los nuevos montos ofrecidos en el mercado luego del acuerdo entre la CAPAC y el Sindicato Únicos de Trabajadores de la Construcción y Similares.

Acuerdo

Si bien a finales de febrero la ACP y GUPC ya habían llegado a un acuerdo económico, a comienzos de agosto se conocieron detalles para garantizar que el proyecto se terminara en diciembre de 2015. La ACP hizo hincapié que el compromiso ahora alcanzado no cambia las condiciones del convenio de marzo y mantiene el rechazo a pagar los sobrecostos estimados por el GUPC en US$1.600 millones.

Lo revelado recientemente tiene relación con que el consorcio afirmó haber logrado levantar capitales suficientes para, cumpliendo lo que dice el acuerdo, posibilitar la liberación de una fianza de la aseguradora Zurich por US$400 millones y que sólo se haría disponible si el contratista levantaba en el mercado un monto de igual valor. Además de los US$800 millones que resultarán de la suma del aporte de la aseguradora, más los fondos obtenidos por el GUPC, el acuerdo de marzo preveía también aportes de US$100 millones de la ACP y otros US$100 millones por el mismo GUPC. En total, se obtuvieron US$1.000 millones para posibilitar la finalización de la megaobra en 2015.

Mientras tanto, sigue el arbitraje en una corte en Miami, Estados Unidos, para definir si el GUPC tiene o no derecho a recibir el pago extra por US$1.600 millones, que fue la causa primera del conflicto que empezó en finales de diciembre de 2013.

La obra tiene avances importantes. A finales de julio la ampliación total del Canal de Panamá tenía un 78% de avance, mientras que la construcción del tercer juego de esclusas, parte principal del proyecto y que cabe al consorcio GUPC, lleva un 73% de avance.

Deuda amenaza promesas de Varela

Panamá tiene un nuevo presidente. El primero de julio Juan Carlos Varela asumió el mandato del istmo, y lo hizo comprometiéndose en una serie de mejoras para la infraestructura del país centroamericano, dentro de ellas, que en su gestión todos los panameños tendrán acceso a la red de agua potable y a servicios de alcantarillado. De hecho, prometió llevar la red de alcantarillado a 300.000 hogares del país que, según el presidente, todavía no cuentan con el servicio esencial.

Además, Varela anunció en ese entonces un plan de US$500 millones para mejoramientos generales en la ciudad de Colón, el que contempla la construcción de casas, una planta de tratamiento de aguas residuales, pavimentación de calles y carreteras y proyectos de iluminación pública, entre otros. Esto enmarcado en una iniciativa mayor de remodelación de la costa Atlántica de Panamá.

Pero en menos de una semana luego de asumir su cargo la prensa panameña reveló que la deuda que tendría el país podría ser mayor a la dada a conocer por el presidente saliente, Ricardo Martinelli. De acuerdo a las más recientes informaciones, la deuda panameña alcanzaría los US$18.000 millones, y el déficit fiscal proyectado para 2015 se elevaría a los US$1.931 millones, lo que representa un 3,7% del PIB de Panamá.

La ley de responsabilidad fiscal del país establece como límite de endeudamiento público el 2% del PIB. Eso hará que Varela tenga que ajustar cuentas antes de empezar proyectos que exijan altas inversiones públicas.

La ambición del Metro

Otro de los grandes proyectos de infraestructura que está impulsando Panamá en la actualidad es el aumento de su línea de Metro, la primera de Centroamérica y cuya primera línea inauguró este año.

Pero aún durante las obras del primer recorrido, el país ya estaba trabajando en la proyección de una segunda línea del sistema, cuyos pliegos de licitación estarán disponibles a mediados de septiembre.

El proyecto comprende un recorrido de 21 kilómetros de vías aéreas y 16 estaciones de pasajeros, que conectarán la actual estación San Miguelito hasta la entrada de la barriada de Nuevo Tocumen. La nueva línea ferroviaria tendrá capacidad inicial para transportar a 15 mil pasajeros por hora en cada dirección y más de 30 mil pasajeros a futuro.

Como primer punto en el proceso de la obra, el ministro de Asuntos del Canal y Secretario Ejecutivo del Metro de Panamá Roberto Roy, ya firmó el contrato para la supervisión de los diseños y obras, coordinación de interfaces y asistencia técnica para la Línea 2 del Metro.

La gerencia del proyecto se adjudicó, por US$32 millones, al Consorcio PML2, el que está conformado por Ayessa ingeniería y Arquitectura S.A, The Louis Berger Group, INC y Transporte Metropolitana de Barcelona S.A.