El Gobierno federal publica nuevas normas para remodelar los contratos de concesión de carreteras

La nueva política pública de remodelación y optimización de los contratos de concesión de carreteras del Gobierno Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) el pasado lunes (28). La Ordenanza nº 848/2023, emitida por el Ministerio de Transportes, entra en vigor el 1 de septiembre de 2023 e incluye prerrequisitos y criterios para la adaptación de los llamados contratos estresados.

Los pilares básicos de las directrices son la defensa del interés público; la viabilidad técnica, económica y jurídica; la ejecución, a corto plazo, de inversiones destinadas a garantizar la transitabilidad segura y la fluidez de la carretera, con la mejora de la capacidad del nivel de servicio; y la modicidad tarifaria.

Medida moderniza procesos de concesión: potencial para desbloquear inversiones, con la reanudación de las obras - Foto: Eco 101/Divulgación.

Según el ministro de Transportes, Renan Filho, una reciente decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que permite la renegociación de los contratos sin necesidad de volver a licitar los activos, fue fundamental para definir la nueva política pública. Calificando de “innovadora” la decisión del Tribunal de Cuentas, Renan Filho recuerda que la medida tiene el potencial de inyectar R$40.000 millones (cerca de US$8.000 millones) en los sectores ferroviario y vial durante los cuatro años del actual gobierno, al posibilitar la reanudación de las inversiones.

“En consonancia con las prácticas jurídicas modernas, la decisión del TCU es un parteaguas para las concesiones del país y una gran victoria para nuestro gobierno: desbloquea inversiones, da seguridad y califica el servicio prestado”, afirma el ministro de Transportes, Renan Filho. “Los nuevos contratos traerán mayor seguridad y previsibilidad jurídica, lo que deberá atraer más inversores y garantizar la mejora de las infraestructuras en las principales carreteras del país”, afirma.

Aspectos destacados de la nueva política pública

• Presentación de estudios para demostrar la ventaja de firmar una enmienda para ajustar y optimizar el contrato de concesión;
• Los contratos serán actualizados de acuerdo con la política pública en vigor,
• Renuncia a todos los procedimientos judiciales, administrativos y de arbitraje existentes;
• Inicio inmediato de las obras, preferentemente para aumentar la capacidad y la seguridad vial;
• Anticipación del calendario de ejecución de las obras;
• Previsión de un ciclo de obras de mantenimiento y restauración del pavimento y señalización en todo el tramo, para restablecer las condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad en el primer año de la enmienda;
• Previsión de un ciclo de obras de señalización y restauración del pavimento, de carácter estructural, en un plazo máximo de tres años, en los tramos con parámetros inferiores a los establecidos;
• Tarifas de peaje inferiores a las previstas en los estudios en curso o en la media de los estudios en curso ya sometidos a audiencia pública;
• Previsión de un mecanismo de reclasificación tarifaria vinculado a la ejecución de las obras;
• Previsión de una prórroga del contrato de un máximo de quince años;
• Seguimiento y fiscalización diferenciados, por medio de un cronograma de ejecución de las obras y parámetros de desempeño;

Procedimientos

El seguimiento y la inspección de los nuevos contratos serán responsabilidad de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que contará con verificadores independientes para auditar el tráfico y los ingresos, evaluar el cumplimiento de los parámetros de rendimiento y evaluar técnicamente las obras en ejecución. La inspección tendrá lugar preferentemente cada tres meses y, además de comprobar el cumplimiento de los parámetros preestablecidos, supervisará la ejecución de las obras.