Entre la espada y la pared

Estos meses hemos visto cómo la ampliación del Canal de Panamá, que este año cumple su centenario, se ha visto en jaque dado el ultimátum que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) lanzó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Encabezados por la constructora española Sacyr, GUPC está acusando un sobrecosto del proyecto de US$1.600 millones, por encima de los US$3.118 millones del valor original, aumentando así en más de un 50% el presupuesto de la iniciativa, "carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma", habría asegurado el consorcio, que integran también la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana.

Sin duda el sobrecosto es inmenso y tanto el Gobierno centroamericano como las empresas contratistas quieren evitar hacerse responsables de él. Pero más allá de quién es el responsable financieramente de este monto extra, queda abierta una puerta que es necesario cerrar si es que América Latina quiere seguir desarrollando su infraestructura tal como lo ha estado haciendo en los últimos años: involucrando a los privados a través de los APPs.

En el caso del Canal en particular, las conversaciones van avanzando y la ACP asumiría algunos sobrecostos menores mientras se sigue llegando a acuerdo, todo para que las obras retomen su curso luego de casi dos semanas prácticamente paralizadas.

Pero la amenaza a una de las mayores obras civiles del mundo deja al descubierto una cierta debilidad que tienen los mandantes ante las variables inherentes al mundo de la construcción y se deben buscar los mecanismos necesarios para evitar que tanto las contratistas como los mandantes, se vean en situaciones que los pongan entre la espada y la pared.

Llegar a un mecanismo a ‘prueba de balas’ para garantizar el exitoso mecanismo de las APPs y que deje a todas las partes tranquilas y satisfechas puede ser una tarea titánica, sin embargo ya se están dando algunos pasos para lograrlo. Como ejemplo de lo anterior, en estas páginas de Construcción Latinoamericana se señala que Colombia ha anunciado que en su plan de concesiones viales conocido como 4G, va compartir la mitad de los riesgos asociados con posibles cambios tributarios futuros. Además, las concesionarias recibirán compensaciones financieras en el caso de que sus obras sean paralizadas por eventos inesperados.

¿Cómo lograr una ecuación que proteja a ambas partes? No cabe duda que en el camino pueden encontrarse escollos, pero es importante que tanto los gobiernos como los particulares logren avanzar por un bien común y que beneficiará a países enteros y a la región.