Inversiones en América Latina: región de oportunidades

(Fuente: EUI)

La brecha de infraestructura de América Latina presenta importantes oportunidades para la inversión privada, particularmente en sectores como ferrocarriles, puertos, distribución de energía, tecnología 5G, fuentes de energía renovables y logística, así lo estipula un nuevo estudio del Economist Intelligence Unit (EIU) titulado Oportunidades de infraestructura en América Latina: cerrando la brecha de infraestructura a través de la inversión privada.

Muchos países de América Latina están adoptando el modelo de asociación público-privada para abordar esta brecha por lo que se abren oportunidades para los inversores privados. No obstante, las políticas, los marcos regulatorios y los riesgos varían ampliamente de un país a otro.

Contexto actual

América Latina está por detrás de la mayoría de sus pares regionales en términos de inversión en infraestructura. Según el Global Infrastructure Hub (GI Hub, una iniciativa del G20), la región gastó el 2,2% de su PIB en 2023 en infraestructura, pero las necesidades reales de inversión se estiman en el 3,5% del PIB. Esta diferencia representa casi US$90.000 millones en necesidades de infraestructura insatisfechas, y esa brecha sólo se ampliará si la inversión en infraestructura no aumenta, advierte el EIU.

El déficit en la inversión en infraestructura se refleja en las puntuaciones de Riesgo Operacional establecidos por el EIU, que colocan a América Latina muy por detrás de las economías de la OCDE en la categoría de infraestructura. De hecho, en términos del riego general de infraestructura los países de la OCDE tienen una puntuación de 22 mientras que los países líderes de la región en este ámbito, Panamá y Uruguay, puntúan 25.

El EIU estima que América Latina necesitará alrededor de US$250.000 millones (3,3% del PIB) por año en inversiones en infraestructura en 2024-28 para cerrar la brecha, pero advierte que solo un 64% de ese monto materializará.

En los diez años previos a la pandemia de coronavirus (2009-19), los gobiernos latinoamericanos canalizaron un promedio estimado de US$66.000 millones (1,2% del PIB) de fondos públicos hacia infraestructura cada año. Sin embargo, en los próximos años, los cambios de política y las restricciones fiscales probablemente limitarán el gasto público en infraestructura a unos US$40.000 millones, lo que significa que los gobiernos se volverán más dependientes del sector privado para satisfacer esta necesidad. “América Latina ofrece una multitud de atractivas oportunidades de inversión en infraestructura, pero los marcos regulatorios inadecuados, la corrupción rampante y la inestabilidad económica y política en algunos países son motivo de preocupación. Además, en 2024 los inversores tendrán que sortear los cambios de política y la incertidumbre política bajo nuevos gobiernos (así como elecciones en economías clave como México), pero en general, creemos que los retornos superarán los riesgos”, comenta el documento.

Dentro de los países destacados por el informe en términos de oportunidades potenciales para la inversión privada en infraestructura destacan Argentina, Panamá, México y Colombia.

Argentina mantiene potencial en hidrocarburos

El 10 de diciembre del año pasado Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. El mandatario ha advertido que reducirá el papel del gobierno y abrirá espacio para las inversiones privadas en infraestructura, alejándose de las políticas de crecimiento lideradas por el Estado del ex presidente de izquierda Alberto Fernández. Sin embargo, el EUI advierte que todavía no está claro exactamente cómo lo hará.

El nuevo ministro de infraestructura, Guillermo Ferraro, ha confirmado que su objetivo será reducir la participación del gobierno y promover iniciativas privadas.

“Un problema mayor para los inversores es la falta de confianza en el entorno legal y regulatorio a largo plazo, junto con la inestabilidad económica y las distorsiones que hacen que las condiciones operativas para los inversores extranjeros en el país sean tan complejas. En este entorno, simplemente promover el libre mercado y una regulación ligera probablemente no será suficiente para crear algo parecido a un auge de la infraestructura, al menos en el primer año o dos del mandato del nuevo gobierno”, dice el informe.

Dentro de los de infraestructura más importantes ya iniciados y que el EIU espera que continue en el mandato de Milei es Vaca Muerta, que enlaza vastas reservas de petróleo y gas natural con el mercado brasileño. La construcción de esta infraestructura estratégica ya está en marcha, respaldada por financiamiento tanto del gobierno argentino como del Banco Brasileño de Desarrollo. “Dada su importancia para el sector energético y las cuentas externas, es probable que Milei mantenga los compromisos de Argentina con el proyecto, aunque se subastarán nuevos proyectos de infraestructura complementarios alrededor del oleoducto y los campos de extracción, como conexiones ferroviarias”, indica el estudio.

Debido a la escasez de agua el Canal de Panamá tuvop que reducir los tránsitos diarios de barcos, de 36 a principios de 2023 a 24 en diciembre. (Foto: AdobeStock / Fabian Ponce García)

Un nuevo embalse para el Canal de Panamá

Dentro de las oportunidades en la región una especialmente importante sería un posible nuevo embalse para el Canal de Panamá. Esta vía marítima manejó en 2022 13.000 tránsitos comerciales, lo que representa alrededor del 6% del comercio mundial. Sin embargo, los bajos niveles de agua han obligado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP, administrador estatal del canal) a reducir los tránsitos diarios de barcos, de 36 a principios de 2023 a 24 en diciembre y a limitar el calado máximo.

Dado que es poco probable que los niveles de agua se recuperen pronto y que el cambio climático probablemente intensificará las condiciones de sequías, la ACP busca construir un nuevo embalse que ayudaría a normalizar las operaciones en épocas de escasez de precipitaciones.

La licitación de este proyecto, que involucraría inversiones por unos US$890 millones, se llevaría a cabo en mayo próximo, para comenzar su construcción en 2025 y terminar el proyecto en 2028. “Creemos que este cronograma es ambicioso. No sólo llevará tiempo realizar estudios de impacto y definir los términos de referencia, sino que el gobierno también necesitará aprobar una nueva ley que permita a la ACP construir el embalse adicional. Las elecciones generales de mayo obstaculizarán el progreso, al igual que las probables protestas de ambientalistas y comunidades locales. Creemos que el proyecto del embalse avanzará independientemente de quién gane las elecciones, dada la importancia del canal para Panamá, pero una licitación retrasada, probablemente en la segunda mitad de 2024, pospondrá su entrega más allá de nuestro horizonte de pronóstico de 2028”, advierte el EIU.

Conectando mares mexicanos

En la última década se han presentado diversas alternativas al Canal de Panamá para unir los océanos Atlántico y Pacífico, una de ellas es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) de México, proyecto que incluye una red ferroviaria de 1.200 kilómetros, la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y el desarrollo de diez parques industriales. “La construcción comenzó en 2019 y ya se han entregado muchos componentes, incluido el enlace ferroviario y la mayoría de las mejoras del puerto. Cinco de los parques industriales fueron subastados en junio de 2023; las cinco terminales portuarias restantes y algunas especializadas se licitarán en 2024, antes de que López Obrador deje el cargo en diciembre. Si se extienden hasta 2025, creemos que el próximo presidente, que probablemente sea Claudia Sheinbaum (una aliada cercana de López Obrador), continuará la agenda de infraestructura de su predecesor”, comenta el informe.

Cabe destacar que 65 empresas presentaron ofertas para los primeros cinco parques industriales, por una inversión estimada de US$7.000 millones. “Anticipamos que el interés en los cinco parques restantes será igualmente fuerte, pero el proyecto no está exento de riesgos”, dice el EIU.

El istmo de Tehuantepec, donde se ubica el corredor, ofrece menos beneficios en comparación con las regiones norte y central de México, que ya albergan muchas industrias. Asimismo, el análisis advierte que es probable que se produzcan protestas de ambientalistas y comunidades locales, y la zona no está exenta de riesgos de seguridad. “Teniendo todo esto en cuenta, queda claro que la CIIT no suplantará al Canal de Panamá. Sin embargo, facilitará el tráfico del canal al capturar el exceso de demanda, especialmente de embarcaciones más pequeñas. Bien podría estimular el desarrollo en el sur de México, pero pasarán muchos años antes de que los retornos se materialicen por completo”.

En Colombia, Gustavo Petro licitará su primer proyecto de APP en 2024: el ferrocarril La Dorada-Chiriguaná. (Foto: ANI)

Petro prepara su primera APP

El presidente colombiano, Gustavo Petro, licitará su primer proyecto de APP en 2024: una concesión de diez años para el ferrocarril La Dorada-Chiriguaná. El proyecto, que involucra inversiones por unos US$630 millones, tiene una longitud de 522 kilómetros conectando el interior del país con la zona caribe, a través de los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar, y es considerado un corredor estratégico para el Gobierno.

El informe advierte que, si bien Petro no ha interrumpido la cartera de proyectos de APP iniciados por sus predecesores, ha creado una importante inseguridad jurídica al revisar los términos de algunos contratos existentes. Asimismo, también ha buscado financiación china para su plan más ambicioso a largo plazo para ampliar la red ferroviaria a 5.400 kilómetros para 2050, lo que desplazaría la inversión privada.

“La incertidumbre política afectará los proyectos de infraestructura en Colombia en el corto plazo, aunque la probabilidad de un cambio de gobierno en 2026 podría ayudar a sostener el interés de los inversores”, señala el EIU.

Brasil prepara batería de proyectos APP para este año

La cartera de proyectos APP en Brasil sigue en marcha, aunque a un ritmo más lento que el experimentado anteriormente debido a una constante revisión por parte del actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de las iniciativas iniciadas por su predecesor de derecha.

Durante este año el gobierno planea dar prioridad a la finalización de proyectos inconclusos, lo que resultará en una cartera relativamente reducida. No obstante, un nuevo programa de aceleración del crecimiento (PAC), que propone inversiones públicas y privadas por un total de BRL$1,7 billones (equivalente a US$340.000 millones) hasta 2030, impulsarán algunos proyectos a mediano plazo.

Los fondos para el PAC provendrán de diversas fuentes: BRL$371.000 millones de reales (unos US$74.700 millones) serán aportados directamente del presupuesto nacional; las empresas privadas contribuirán con BRL$612.000 millones (US$123.300 millones); firmas estatales, lideradas por Petrobras, aportarán BRL$343.000 millones (poco más de US$69.000 millones), mientras que BRL$362.000 millones (casi US$73.000 millones) serán obtenidos de otros mecanismos de financiamiento.

Oportunidades energéticas

El documento del EIU comenta que, si bien la inversión en fuentes de energía renovables y sostenibles está creciendo en América Latina, sigue estando muy por debajo del potencial regional. “La región podría convertirse en un actor crucial en la cadena de suministro para impulsar el cambio global hacia la energía verde, debido a sus grandes reservas de minerales críticos, el amplio uso de fuentes de energía renovables y la disponibilidad de agua. Sin embargo, carece de la infraestructura y la financiación necesarias para producir las baterías y el hidrógeno verde que alimentarán al mundo en las próximas décadas”, indica.

Las inversiones en estas áreas están en el radar de los gobiernos de las principales economías de América Latina. Cabe destacar que según datos de la Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica (Absolar), durante este año las inversiones en el sector fotovoltaico (ya sean plantas a gran escala como sistemas más pequeños en tejados, fachadas y terrenos) podrían superar los BRL$38.900 millones (unos US$7.800 millones).

“Debido a su considerable brecha de infraestructura, el pozo de oportunidades de inversión en América Latina es profundo y amplio. La infraestructura logística y de servicios públicos de la región necesita urgentemente expansión y modernización, pero los sectores a la vanguardia de la innovación y la tecnología también merecen atención”, concluye el documento.