La gran incógnita

Se va cerrando un año histórico en Brasil. Un año que será recordado por traumas, tensiones y problemas de todo tipo. Todo en medio de una recesión que ni siquiera en la crisis de la década de 1980, o incluso durante la depresión mundial en la década de 30, el país había experimentado.

El 2016 habrá sido el año del proceso de impeachment de la primera mujer que fue presidente de Brasil, Dilma Rousseff. Una intensa reconfiguración política dividió a la sociedad en dos, con ánimos casi siempre de conflicto.

Por su parte, el gobierno del vicepresidente Michel Temer, que reemplazó a la presidente Rousseff, ha dispuesto un proceso de recortes presupuestarios y cambios legislativos que han constituido un nuevo impacto para la sociedad. Se trata de cambiar leyes que hace décadas provocan desequilibrios económicos, como el sistema de jubilación y asistencia social, o las leyes laborales. Aunque el ajuste se justifique por la creciente y peligrosa deuda pública interna, no se produce sin dolor: las protestas callejeras que van ganando fuerza en todo el país son la prueba visible.

Ante todo esto, cabe preguntar qué viene en 2017 para el gigante latinoamericano. ¿Se cumplirán las expectativas positivas de los agentes económicos y el país volverá a crecer mediante reformas liberales, concesiones y privatizaciones? O más bien, ¿la inestabilidad política persistirá, fortalecida por la creciente insatisfacción popular en casi todos los estados?

El ambiente en Brasil durante el próximo año podrá dictar el ritmo de cómo toda la región latinoamericana vivirá los desafíos y oportunidades económicas que vendrán en el conturbado escenario mundial.

Proyecciones

La principal encuesta periódica de los agentes económicos brasileños la desarrolla el Banco Central del país, la cual se conoce como Boletim Focus. De acuerdo al último Focus realizado antes del cierre de esta edición, el promedio de expectativas para la economía brasileña apostaba por una nueva caída del PIB en 2016 del 3,31% (sobre la recesión del 3,8% en 2015). El mismo informe apuntó una recuperación del 1,2% para el 2017.

Estas previsiones salieron después que el gobierno de Michel Temer anunciara su menú de políticas fiscales y propuesta de reforma. Entre sus ideas, está una propuesta de enmendar la Constitución para imponer un techo al crecimiento de los gastos públicos por 20 años. También incluye una reforma del sistema público de previsión para reducir su histórica trayectoria de déficit y mantenerlo capaz de pagar los beneficios en el futuro. Por último, el Programa de Asociaciones para Inversión, el PPI, que propone privatizar y concesionar infraestructuras todavía se mueve a paso lento. La idea de fondo de todas estas iniciativas es reducir el endeudamiento público y aumentar la credibilidad del país en el mercado mundial, para entonces volver al crecimiento.

Para el economista Rubens Sawaya, profesor de la Universidad Católica de São Paulo, todavía no hay razón objetiva para que la caída de la economía brasileña se detenga. “Las medidas fiscales y monetarias contraen la economía justo en el momento en que la podría hacer crecer. El desempleo se eleva y el sector de servicios todavía tiene mucho que perder. En este escenario, podemos esperar un crecimiento negativo en 2017, o en el mejor caso, poco superior al cero, lo que es muy malo. La industria nacional utiliza entre un 60% y un 70% de la capacidad que tiene, y por ende no habrá inversión”, dice.

Sawaya también critica la forma como el gobierno viene conduciendo el programa PPI. “El gobierno espera contar con constructoras e inversión extranjeros. Estas empresas sólo vienen a Brasil con inversiones de largo plazo y riesgo elevado si tienen garantías de ingresos en dólares, lo que aumenta el riesgo cambiario para el país y para las empresas. En la década de 1990, los proyectos exitosos bajo esta lógica eran en sectores que tenían mucho ingreso tarifario, como energía y telecomunicaciones. Otros, como muchos de los actuales, no lo tienen. No es posible pagar una carretera con peajes, que habría que ser elevadísimo y dolarizado”. (Nota del Editor: en otros países latinoamericanos, como Chile, el cobro de peajes es la principal fuente de recursos para concesionarios viales).

El economista afirma, entonces, que la salida para que las inversiones en infraestructura se hagan efectivas por medio de Asociaciones Público-Privadas, es en que la participación del Estado sea consistente. “La única manera de viabilizar proyectos de infraestructura es con sistemas de APP en moneda nacional, sin tomar deuda en dólares para productos no exportables. El Estado tiene que estar dispuesto a colocar dinero”, define Rubens Sawaya.

Expectativas

Cuando el impeachment de Dilma Rousseff tuvo lugar a mediados del año, la expectativa de la mayoría de los agentes económicos volvió a mejorar. Esperaban la implementación de una gestión más favorable a los mercados y a la participación privada además de sostener una agenda de amplias reformas del Estado con el fin de reemplazar para siempre las políticas de subsidios públicos pagados con impuestos siempre crecientes e inútiles tentativas de controlar precios de mercado.

Pero el daño a la economía estaba hecho, y las tasas de interés de Brasil (que siempre fueron muy altas) habían vuelto a ser las más altas del mundo. Hacer que vuelvan la inversión privada, el empleo y el consumo con estas tasas es, obviamente, más difícil. Frente esto, la mayoría recomienda mantener el rigor fiscal y apostar todo por las reformas del Estado. Por ello, las expectativas con el gobierno de Michel Temer siguen positivas. Pero, ¿por cuánto tiempo?

Para el politólogo Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, puede haber una frustración de los agentes económicos. “Siento que los agentes perciben que Brasil está en la dirección correcta, pero que las complicaciones políticas son todavía muy grandes. Esto se ve como un obstáculo a las reformas más amplias”, afirma.

“Creo que existe una posibilidad limitada para las reformas”, sigue el profesor. “La previsión sola consume alrededor del 20% del presupuesto federal cada año. Y sólo va en aumento, porque la población envejece. El modelo es perverso, porque es caro debido a militares y funcionarios públicos que se jubilan con sueldos de 30.000 reales o más, no por el resto de los trabajadores que reciben poco”.

Esto ayuda a explicar el resurgimiento de las protestas callejeras en Brasil. El año 2016 terminará con tomas de escuelas y asambleas legislativas regionales en varios estados del país. En resumen, el coro social quiere denunciar que el gobierno federal les está haciendo pagar la cuenta del ajuste de las cuentas públicas.

“Las reformas no están atacando privilegios por motivos políticos. La jubilación de los militares representa algo como un 40% del déficit de la previsión pública. Y el gobierno no quiere cambiar esto”, dice Santoro.

Además, está la polémica propuesta de enmienda constitucional 241, la que quiere fijar un techo al crecimiento del gasto público por 20 años. “Es verdad que la deuda pública tiene que ser controlada antes que dé lugar a un nuevo ciclo inflacionario. Pero incluso en Europa no se hizo nada tan riguroso como esta propuesta. Y el gobierno brasileño no tiene condiciones políticas para tanto”, afirma el politólogo.

Finalmente, específicamente dentro de la agenda de la construcción brasileña, el problema es cómo crear un nuevo panorama para el renacimiento del sector. Uno que no repita el contexto – rechazado por toda la sociedad – de contrataciones manchadas por corrupción y otros tipos de crimen económico.

Para hacer este combate, la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) viene promoviendo un intenso debate sobre reglas éticas, junto a las empresas del sector en todo el país. Pero junto al Congreso Nacional, está discutiendo con la clase política maneras de transparentar los procesos de contratación y agregar más seguridad jurídica a los procesos.

Recientemente, la CBIC estuvo en el Senado brasileño para participar de las primeras votaciones de una reforma de la Ley de Licitaciones y Contratos de Brasil. La idea es retirar trabas burocráticas del proceso de licitación en el país. Varios de los principios defendidos por la Cámara están en la versión inicial del proyecto, que sigue en debate. Entre ellos, el fin de la separación entre “proyecto básico” y “proyecto ejecutivo”, reemplazando todo por el “proyecto completo”. Esto significará que los proyectos de infraestructura no darán lugar a omisiones de información de ninguna especie, lo que en teoría podrá reducir los sobrecostos durante la ejecución.

Entre otros puntos de la futura versión de la ley, la CBIC también defiende la simplificación de trámites para proyectos de bajo valor que tienen licitación por invitación, el mejoramiento de la sistemática de aseguramiento financiero, y la utilización de medios alternativos de solución de conflictos.

La Cámara tiene en su horizonte aumentar la participación de empresas nacionales en el nuevo programa de infraestructura. Por eso, además de la discusión de la Ley de Licitaciones y Contratos, la CBIC está promoviendo seminarios sobre los marcos legales del PPI, el programa del gobierno.

Para que el PPI sea efectivo, y a la vez represente una oportunidad para empresas que hasta el momento participan poco de la infraestructura, la administración pública tiene que pagar sus obligaciones puntualmente. En lo que respecta a las instancias de control externo, la CBIC discute que estas instancias deben entender de una sola manera los conflictos contractuales, también para no generar inseguridad jurídica.

La preocupación principal es que, cuando el mercado de infraestructura se reanude en Brasil, se cree una nueva concentración económica, ahora en manos de grandes constructoras extranjeras.