La ley de obligaciones de Brasil para infraestructuras impulsará la inversión en el sector del transporte

La ley sancionada por el Presidente Lula prevé la creación de incentivos fiscales para concesionarios y arrendatarios de servicios públicos. La propuesta también modifica las normas para los fondos de inversión en el sector

Una nueva ley impulsará el crecimiento de la economía nacional mediante inversiones en infraestructuras. La edición del pasado miércoles del Diario Oficial de la Unión (Diário Oficial da União) publicó la Ley 14.801/2024, sancionada íntegramente por el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Foto: Agência Brasil

El texto establece normas para la emisión de obligaciones de infraestructura por parte de empresas privadas que exploten servicios públicos y prevé la creación de incentivos fiscales para las empresas que financien proyectos de infraestructura y emitan estas obligaciones.

“Es un incentivo para captar fondos en el mercado para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructuras del país. Uno de los sectores beneficiados es el de los transportes, ya que esta captación innovadora de capital privado reducirá los costes y, en consecuencia, la presión sobre el presupuesto público, además de estimular la integración y el desarrollo de Brasil”, declaró el ministro de Transportes, Renan Filho.

La medida beneficiará a operadores, concesionarios, permisionarios y empresas de servicio público autorizadas con incentivos fiscales. El modelo también posibilita la captación de recursos de inversionistas institucionales, como fondos de pensión y compañías de seguros, con tributación en la fuente, así como de recursos externos, complementando el actual modelo en operación, cuyos papeles tienen incentivos para la participación de personas físicas.

Impactos

Los recursos captados en el mercado se destinarán a la ejecución de proyectos de inversión en las áreas de infraestructura, producción económica e investigación intensiva, desarrollo e innovación.

Los impactos más significativos previstos por la ley son:

- Reducción de los costes relacionados con el desarrollo de proyectos de infraestructuras;

- Atracción de inversores institucionales, como fondos de pensiones y compañías de seguros;

- Reducción de la burocracia en el proceso de autorización de obligaciones promovido por los ministerios;

- Fomento de la inversión en infraestructuras o producción económica intensiva en investigación, desarrollo e innovación.

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