Nuevo gobierno de Brasil empieza con promesas para infraestructura

El nuevo gobierno de Brasil nación la semana pasada bajo intensa polémica en lo que respecta su legitimidad política: muchos cuestionan la legalidad del proceso de deposición de Dilma Rousseff (quien está ahora alejada del poder por hasta 180 días para enfrentarse un juicio en el Senado). Pero en sus primeros anuncios, el gobierno del presidente interino Michel Temer dejó clara su opción por mejorar los modelos de concesión de infraestructura, enfatizando la facilidad de participación del sector privado. Para llegar a este objetivo, Temer ha nombrado a Moreira Franco (foto) como responsable por el nuevo programa del sector, que será conocido como PPI.

La sigla PPI es por Programa de Asociaciones para Inversiones, en portugués. La creación del PPI y el nombramiento de Moreira Franco fueron las primeras medidas anunciadas por Michel Temer en su ejercicio de la presidencia de Brasil. Aunque todo esté muy incierto en Brasil, pareciera que las inversiones privadas en grandes obras finalmente podrían despegar en la mayor economía de América Latina.

Entre sus primeras palabras en su nuevo cargo, Moreira Franco criticó con mucha fuerza los modelos de concesión y APP utilizados por la gestión de Dilma Rousseff (de la cual ha participado en todos sus momentos). El nuevo responsable por el sector en Brasil promete un nuevo ambiente de regulaciones, con menos obstáculos.

Uno de los cambios prometidos por Moreira Franco es no establecer tasas de retorno de las inversiones, sino que dejarlas fluctuar con las condiciones de mercado. Las reglas del gobierno del Partido de los Trabajadores eran por la fijación de las tasas de retorno, lo que pre establecía actores participantes y ponía mucha responsabilidad sobre la capacidad de financiamiento de los bancos públicos, los mismos que ahora están ahogados en deuda por exactamente prácticas de este estilo.

Próximos pasos

En el frente político, el gobierno de Michel Temer no está rodeado por estabilidad. Primero, porque si el Senado no juzga Dilma Rousseff culpable de crímenes de responsabilidad, la presidente volvería a su cargo en el máximo plazo de 180 días contándose desde el 12 de mayo. Además, hay procesos en su contra que lo pueden retirar del poder.