Parte arbitraje por sobrecoste del Canal de Panamá

Esta semana comienza la fase inicial de un reclamo interpuesto por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), responsable por la obra de ampliación del Canal de Panamá, contra la Autoridad del Canal, su contratante. El arbitraje finalmente empezará a juzgar el pedido del GUPC por supuestos costos adicionales de US$1.600 millones al contrato original de US$ 3.118 millones.

En el centro del problema está la construcción del tercer juego de esclusas, parte fundamental de la ampliación que empezó en 2009. En diciembre de 2013, el consorcio, formado principalmente por la constructora española Sacyr y la italiana Salini-Impregilo, amenazó paralizar los trabajos por supuestamente encontrar condiciones geológicas diferentes de lo que el contrato preveía.

Finalmente, la crisis se extendió por semanas de negociaciones hasta que de hecho las obras de paralizaron, por un total de 14 días. Un acuerdo involucrando cofinanciamiento de US$ 100 millones de cada una de las partes más US$ 400 millones de la aseguradora dió solución inmediata al conflicto, pero dejando al arbitraje internacional la decisión respecto el reclamo mayor.

Ahora, la Cámara de Comercio Internacional de Miami, que es el tribunal de arbitraje establecido en contrato, entra en escena. La primera fase de su tarea será determinar si la ACP tendrá o no que pagar un monto inicial de US$ 180 millones del monto total reivindicado por el consorcio GUPC.

Entre los efectos de la crisis abierta en principios de este año están el retraso en el cronograma. Si antes se preveía que la ampliación del Canal de Panamá estaría lista en 2014, ahora se espera que sea el año de 2015. Además de la crisis, una huelga de trabajadores de la construcción panameña también tuvo impacto sobre el atraso en las obras del canal.