Polémica en rechazo a proyecto hidroeléctrico chileno

El Comité de Ministros chilenos, encabezado por el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, rechazó la ejecución del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, el que habría sido el más grande en la historia del país y que significaba una inversión de US$3.200 millones.

La empresa, podrá apelar la resolución al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, hasta treinta días después de ser notificada.

El hecho, ha conllevado una gran conmoción a nivel de opinión pública, con posiciones divididas entre detractores y sectores que apoyan la iniciativa, que impulsarían las generadoras Endesa Chile y Colbún, y que perseguía la construcción de cinco represas sobre los causes de dos ríos en la Patagonia chilena.

Un factor relevante a ser considerado, es la eventual escases energética que sufriría el país en los próximos años. Chile, ha experimentado un importante desarrollo económico en la última década, proceso que ha sido acompañado por una creciente demanda en materia energética.

El encarecimiento que la falta de fuentes de este tipo traería como consecuencia, afectaría los índices de crecimiento económicos del país, argumentan aquellos que defienden el proyecto.

Los detractores sin embargo, alegan por el impacto medio ambiental que causaría Hidroaysén y la merma en la calidad de vida de las comunidades aledañas que este significaría.

Sin embargo, los conflictos por la generación de energía están lejos de terminar. A pesar del rechazo a la construcción de la hidroeléctrica, la aprobación de otros proyectos que implican la combustión de energía más contaminante como el carbón por ejemplo, ha levantado suspicacias en Chile.

Se dice que la no aprobación a Hidroaysén tiene componentes más políticos que técnicos, y que la presión de las comunidades, grupos medio ambientalistas y la opinión pública en general, fue lo que primó en la resolución del gobierno.

Uno de los factores que originó esta teoría, fue el cambio de una normativa clave en el rechazo del proyecto, realizada por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), un día antes de la reunión del Comité de Ministros.

Originalmente se establecía que cuando en una iniciativa no se podía determinar los sitios de acogida de la población representada, el dueño podía “incluir los criterios que guiarán la posterior selección de predios”. A pesar de esto, en la reunión se señaló que en el estudio ambiental de Hidroaysén “sólo se da cuenta de los criterios para escoger los predios receptores, pero no se presentó el predio receptor ni estudio de cabida alguno”.

Antes de la modificación sin embargo, la norma no lo pedía y especificaba que se podían “incluir los criterios que guiarán la posterior selección de predios y estudios de cabida”.