Poniéndose al día

Infraestructura. En una sola palabra se puede resumir la necesidad de Chile. Una sola palabra pero con inversiones millonarias que superarían los US$190.000 millones durante la próxima década.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jorge Mas, en una interesante entrevista que concedió a Construcción Latinoamericana, es enfático al decir que el país necesita tener una visión a largo plazo para resolver sus déficits en construcción y contar con un plan país.

El compromiso no es simple, ya que en los últimos años Chile ha invertido en infraestructura menos del 2,5% de su PIB, y las matemáticas no mienten. “Sólo para evitar que el déficit siga aumentando necesitamos invertir un 3,5% y si queremos realmente disminuirlo, necesitamos invertir un 5,5% del PIB”, advierte el ejecutivo.

La CChC ha realizado un estudio detallado de las necesidades del sector: Chile necesita invertir, entre 2014 y 2023 US$112.588 millones en infraestructura urbana, interurbana, ferrocarriles, hospitales, penitenciarías, puertos, aeropuertos, electricidad y recursos hídricos.

No es de extrañar que vialidad y transporte urbano es el sector que más recursos demandarán en el futuro, esto como consecuencia del mayor ingreso de la población, lo que ha traído consigo un crecimiento sostenido de la tasa de motorización. La infraestructura urbana e interurbana necesita inversiones por más de US$56.000 millones en los próximos 10 años, un 51,7% del total.

Un ejemplo de estas necesidades mencionadas en el documento Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2014-2018, es que Santiago exhibe un déficit en su red de Metro de 34 kilómetros, incluso considerando la actual construcción de las líneas 3 y 6.

Un tercer ítem en términos de necesidades es el eléctrico, el que requerirá inversiones entre 2014-2023 por US$24.316 millones, abarcando un 21,6% del total. Según la CChC el consumo eléctrico en 2023 podría alcanzar –con criterios conservadores- los 102 TWh, un 66,9% por sobre el consumo registrado en 2012. Para poder suplir esta demanda se requiere un aumento de la capacidad instalada de generación de 7.370 MW.

Dentro de los requerimientos de inversión para la próxima década, Mas menciona con especial importancia el sector portuario, el que requerirá inversiones por US$5.336 millones. Esto porque del monto un 65% debiera destinarse en la zona Centro, comprendiendo básicamente un Mega Puerto que podría concebirse en Valparaíso o San Antonio. “El mega puerto es una inversión que el país necesita hacer. Con la ampliación del Canal de Panamá, y con la infraestructura actual, no podremos recibir los buques Post Panamax, y si no hacemos las inversiones nosotros, lo harán otros y Chile podría convertirse en un país de cabotaje, es decir de buques menores, con las consecuencia de pérdida de competitividad”, advierte el dirigente.

Vivienda es un punto aparte. Según explica Mas, “si uno quiere resolver el déficit habitacional que hay hoy en el país, más la actualización de viviendas que deben ser mejoradas, porque son sub standard, se requieren inversiones por unos US$79.000 millones”. Si bien Chile ha avanzado mucho en esta materia, todavía se deben construir más de 560.000 viviendas para los sectores más vulnerables de la población y se deben mejorar los estándares para otras 327.000.

Cabe destacar que vivienda representa cerca de un 30% de la inversión en construcción.

Financiamiento

La inversión pública aumentó un 27,5% este año respecto de 2014, con lo cual se mitigó a pérdida de dinamismo de la economía que pudo haber sido mayor y el desempleo se ha mantenido relativamente controlado. En todo caso, las autoridades ya han anticipado que el crecimiento del presupuesto público para el próximo año será bastante acotado.

“Por su parte, la inversión privada lleva al menos ocho trimestres consecutivos retrocediendo o mostrando cifras de crecimiento muy bajas, lo que es especialmente preocupante, ya que en nuestro país el sector privado es responsable del 90% del empleo y del 80% de la inversión total de la economía”, advierte Mas.

De hecho, en 2014 la construcción creció solo un 0,9% y para este año la CChC estima un crecimiento cercano al 0%, lo que se resume en dos años consecutivos con niveles de actividad muy por debajo de su potencial, que históricamente está en torno al 5%. “El comportamiento de la construcción refleja el débil dinamismo que exhibe la economía nacional en su conjunto”, señala.

La industria de la construcción representa un 64% del total de lo que se invierte en el país, por lo que si la inversión se contrae, en especial si es inversión privada, la construcción se resiente, tal como está sucediendo en la actualidad. Para revertir esta tendencia, Mas explica que “el principal énfasis que requiere nuestra industria es que el país vuelva a tener altas tasas de crecimiento económico y para ello es fundamental que se reinstale en nuestra sociedad un clima de confianza, que favorezca la materialización de los proyectos de inversión”.

Asimismo, para poder financiar las necesidades del país, se requieren más y mayores asociaciones público privadas (APPs).

El peak de las inversiones a través de concesiones, se alcanzó en Chile durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), periodo en el que se desarrollaron proyectos por más de US$1.000 millones anuales bajo esta modalidad, llegando a un tope de casi US$1.800 millones en 2004. Sin embargo, el sistema cayó de forma abrupta en el gobierno siguiente para luego retomar un ritmo en torno a los US$600 millones anuales. “El nivel de inversión anual que este año se estima en unos US$700 millones, pero estamos lejos de lo que realmente necesitamos”, indica el presidente de la CChC.

Para fortalecer la institucionalidad público privada es que el ministerio de Obras Públicas (MOP) está impulsando dos proyectos importantes: la primera es la creación de la Dirección General de Concesiones, organización que tendrá mayores recursos, así como capacidades aumentadas de gestión, organización y supervisión que permitan mantener un ritmo fuerte de concesiones de calidad. Una segunda iniciativa es la creación de un Fondo de Infraestructura, el que considerará el valor de todas las obras que están licitadas en el país. Según cálculos del Consejo de Políticas de Infraestructura, Chile tendría un valor patrimonial en obras de US$25.000 millones. “En este Fondo estarán todos los activos de las actuales concesiones, que tienen sus flujos, que nos permitirá acceder a garantías, fondos, y poder generar un círculo virtuoso financiero para futuras iniciativas”, explica Mas.

La importancia de las inversiones no sólo radica en el contar con un país sin déficit, sino que además más competitivo. Según un ranking de competitividad 2014-2015 elaborado por el World Economic Forum, Chile está en el puesto número 33 en lo que se refiere a competitividad en general, sin embargo, en infraestructura, su posición cae al número 49. “Perdimos seis posiciones en ocho años, exclusivamente por no invertir”, dice el ejecutivo.

Peso minero

Un indicador importante a tomar en cuenta para medir el pulso de la economía es que durante el segundo trimestre de 2015 se sometieron a trámite en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental proyectos con una inversión asociada de US$15.350 millones, en comparación a los proyectos por US$29.123 millones ingresados en el mismo periodo de 2013.

En tanto, la inversión aprobada entre abril y junio de este año fue de US$9.985 millones, monto que se focaliza principalmente en las iniciativas del sector energético, con un 70% del total. En segundo lugar se encuentra la minería, con un 16%, lo que da cuenta del fin del súper ciclo de esta industria.

Es interesante reparar en que la situación actual de la construcción chilena tiene una íntima relación con el fin del ciclo minero, sector que explica gran parte de la inversión de la industria, promediando un 42,1% entre 2008 y 2014, y alcanzado un peak del 57,1% en 2012. Sin embargo, la participación minera en la inversión de la infraestructura productiva sólo alcanzará un 30% durante este año.

Confianza empresarial

Las expectativas de los empresarios de la construcción son pesimistas. Según el Indicador Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), elaborado por Icare y la Universidad Adolfo Ibañez, y que dentro de sus índices considera el Indicador de Confianza de la Construcción (ICOT), sondeado durante agosto pasado se ubicó en 27,5 puntos, muy por debajo de su nivel promedio histórico de 50,1 puntos.

Según explica el documento, la demanda actual aparece pesimista con 24,6 puntos (3,9 puntos bajo el mes anterior). El nivel de actividad se presenta a un nivel pesimista de 29,6 puntos (2,9 puntos menor al mes anterior) y la situación actual del negocio de la construcción es pesimista con 41,5 puntos contra los 42,9 puntos anotados en julio.

En términos de expectativas, han aumentado los indicadores de costos de producción y presiones salariales, mientras que el empleo sectorial a futuro es contractivo.

Pero la Cámara Chilena de la Construcción y su presidente, Jorge Mas, tienen claro hacia dónde deben apuntar los esfuerzos para 2016.

El primer punto a abordar, según el dirigente gremial, es reestablecer las confianzas.

Lo segundo se refiere a la ejecución de los proyectos de concesiones. Tanto en lo que se refiere al actual plan de concesiones del ministerio de Obras Públicas, como a todas las obras necesarias para cerrar la brecha del déficit de infraestructura actual del país.

Otro énfasis mencionado por Mas, es terminar con el déficit habitacional, lo que según el dirigente es “un deber ciudadano y deber de gobierno”.

Implementar una política adecuada de planificación territorial es un también una tarea fundamental.

Otro punto esencial es el mejorar la productividad para que los proyectos sean atractivos.

Un último énfasis es en lo laboral. No sólo con un foco en mejorar las condiciones actuales de aquellos que tienen trabajo, sino que además de entregar nuevas oportunidades a aquellos que no tienen, con un especial énfasis en la empleabilidad de mujeres. Cabe destacar que el sector construcción representa alrededor de un 8,7% del empleo nacional.