Tímidas señales positivas en Brasil

Sí, es verdad. Hay algunas señales positivas en el horizonte verde y amarillo. La principal es que la inflación, que amenazó alcanzar los dos dígitos a finales de 2015, está bajo control, después de un amargo 2016 con tasas de interés increíblemente altas. Hasta el cierre de esta edición, el Banco Central del país había promovido la cuarta disminución consecutiva de la tasa anual básica, que se había instalado en los 12,25% (entre julio de 2015 y agosto de 2016 la tasa se mantuvo en los 14,25%).

Aunque más baja, la tasa sigue siendo un factor importante en el aumento del costo de capital, con consecuencias recesivas para todos los sectores de la economía, sin hablar del aumento del endeudamiento tanto público como privado. Al parecer, el Banco Central escuchó los argumentos que con una inflación anual de 2016 controlada en 6,29%, y una acumulada de 12 meses desde enero de este año en 5,35% (la mitad del acumulado en 12 meses de enero 2016), habría llegado el momento de aflojar el torniquete.

De hecho muchos respiran aliviados. La secuencia iniciada con crecimiento cero en 2014, luego una caída del 3,8% en 2015 y del 3,6% en 2016 genera un escenario ya intolerable para la mayoría de los actores económicos. De acuerdo con el IBGE, organismo de estadísticas oficial del país, el 2017 comenzó con un total de 12,9 millones de cesantes. Sumando aquellos trabajadores que podrían estar trabajando más horas o que declaran necesitar otra fuente de ingresos, el total sube para 24,3 millones de personas.

De acuerdo con la Fundación Getulio Vargas, el nivel de empleo en la construcción cayó un 14,33% en 2016, lo que significa que la industria cerró 414.000 puestos de trabajo en el país en el año pasado. Comparando con 2014, en ese año trabajaban en la construcción brasileña un total de 3,57 millones, mientras que hoy sólo trabajan 2,48 millones.

Por ende, nadie se ilusiona muchos con las tímidas perspectivas positivas de la macroeconomía de Brasil, y se exige del gobierno de Michel Temer una solución más efectiva. Cabe recordar que luego del complicado y conflictivo proceso de impeachment de Dilma Rousseff, el nuevo gobierno se comprometió con la recuperación económica, y aunque muestre algunos resultados, está lejos de haber controlado la recesión más profunda en el país desde la década de 1930.

El diagnóstico más común, en tanto, es que mientras el país no vuelva a invertir, no habrá recuperación. La cuestión de fondo, sin embargo, es saber si ahora Brasil volverá a invertir porque habrá reformado sus antiguas estructuras legales y tributarias, o si será nuevamente un “vuelo de gallina” movido por créditos públicos subsidiados que endeudan a todos un poco más.

Nuevos capitales

Es así que las autoridades se apuran en dar algún tipo de respuesta. Un ejemplo es el anuncio reciente del Ministerio de la Planificación, sobre la reanudación de una serie de obras públicas paralizadas desde el gobierno anterior. De acuerdo con el ministro Dyogo Oliveira, serán reiniciados 1.600 proyectos en distintas áreas, cada uno con valor de entre 500.000 y 10 millones de reales (aproximadamente entre US$ 160.000 y US$ 3,2 millones).

En este listado, hay escuelas, centros deportivos, obras sanitarias, carreteras de mediano tamaño, aeropuertos pequeños, centros de salud, infraestructura turística, obras de prevención de riesgos, urbanización de centros históricos y otros proyectos. En ellas, el Ministerio estima gastar un total de 3.400 millones de reales (cerca de US$ 1.000 millones).

Otra acción que puede generar movimiento al sector de construcción es el nuevo formato del programa de vivienda social Mi Casa Mi Vida, que de a poco ha vuelto a contratar la construcción de unidades.

En una ceremonia celebrada en Brasilia, el gobierno federal anunció en marzo la intención de contratar en 2017 610.000 nuevas unidades habitacionales a través de este programa. Además, se prometió la corrección de los rangos de renta familiar que se pueden cuadrar en los distintos rangos de adquisición, para reponer parte de la inflación de los últimos años. Los rangos de menor renta familiar tendrán reservadas 210.000 unidades del total prometido, mientras las demás categorías podrán financiar por mayor valor la adquisición del inmueble subsidiado. Es así que, aunque reservando la función social del programa, el gobierno quiere dejar la puerta abierta para que el sector de construcción encuentre estímulos en este importante programa Mi Casa Mi Vida.

Para el presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, José Carlos Martins, reanudar el programa de viviendas sociales es un paso fundamental. “La reanudación de este programa, con la ampliación del techo de financiamiento, fue una de las mejores medidas anunciadas por el gobierno. El sector está preparado para responder al desafío y buscar la meta pretendida por el gobierno. Las medidas no compensan las pérdidas pero pueden revertir efectos de la crisis y darle nuevo ánimo al sector”, afirmó.

En un análisis más amplio de la situación económica del país en 2017, José Carlos Martins sigue la opinión de muchos economistas que perciben mejoras en el escenario, pero que todavía hay mucho que avanzar para que se pueda hablar en recuperación.

“Es innegable que hubo cambios en el humor del empresariado. La percepción general es que el país paró de empeorar y va en buen camino hacia la reversión de la crisis económica. La aprobación de medidas estructurantes, como el techo para los gastos públicos, la continuada reducción de las tasas de interés y la disposición del gobierno de conducir reformas constitucionales impopulares pero necesarias,  nos hacen sentir que Brasil puede salir de este pantano. Esperamos que la construcción civil y el mercado inmobiliario reanuden la actividad en el segundo semestre del año, pero es prematuro apostar por un crecimiento efectivo de la economía. Si estancamos el déficit y alcanzamos intereses de un dígito habremos dado un paso importante”.

La cuestión de los intereses, en su opinión y en la de la mayoría de los empresarios y economistas de Brasil, es crucial. Sensible a las menores presiones inflacionarias, el Banco Central comenzo una nueva trayectoria decreciente de la tasa básica. Para Martins, en tanto, esto es bueno pero no suficiente.

“La caída de los intereses no indica la vuelta de la economía, pero de seguro es una señal a los mercados y emprendedores, incluso los inversionistas internacionales, que Brasil está trabajando en sus problemas, y debe ser recolocado entre las naciones que ofrecen buenas oportunidades de negocio”, dice el presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción. 

Cambiaron el clima y las expectativas. La mayoría cree que el punto más hondo ya se tocó y ahora es tiempo de mejorar. Ojalá, pues Brasil es una economía de US$ 1,7 billón anual, capaz de darle empuje a toda Latinoamérica si va mejor que lo que fue los últimos tres años.

Un recordatorio

La estabilidad política es algo esencial para que Brasil pueda volver a crecer con un ritmo adecuado y sin interrupciones. Parte de eso se ha logrado con el gobierno del presidente Michel Temer, que reemplazó a la ex presidente Dilma Rousseff. Pero en Brasilia todos siguen con miedo por lo que puede venir con la operación Lava Jato (Lavado de Autos).

Específicamente, el primer semestre de 2017 estará marcado por la colaboración judicial de Odebrecht. Participarán de ella docenas de ejecutivos, y en especial, el heredero del grupo, Marcelo Odebrecht.

Sus declaraciones a la Justicia serán consideradas para futuras investigaciones y demandas por crímenes, y lo que se comenta es que vendrán acusaciones en contra de muchos políticos. Tantos políticos que, de acuerdo a la prensa brasileña, el gobierno  puede verse afectado.

Hasta el cierre de esta edición, los ejecutivos de Odebrecht habían empezado a hablar, pero nada muy consistente ha salido hasta ahora al conocimiento público.

Lo cierto es que la colaboración de Odebrecht con las investigaciones agrega una nota de incertidumbre a la recuperación económica. No por casualidad el gobierno tiene apuro con las reformas constitucionales y sigue tratando de aislar la gestión de la economía de los conflictos políticos y jurídicos.