Panamá en reorganización

Hace pocos años Panamá servía de buen ejemplo de desarrollo de infraestructura para toda Latinoamérica. El país vivió un importante boom de construcción de grandes obras, marcado principalmente por la ampliación de su histórico Canal naviero, que ha finalmente concluido su tercer juego de esclusas y ahora tiene capacidad para servir al mercado internacional por muchos años más.

De hecho, todavía siguen en desarrollo algunas inversiones asociadas a la ampliación del Canal de Panamá, como por ejemplo el Puente Atlántico, que recientemente alcanzó un 90% de avance y es uno de los puentes viales a cruzar el canal.

Además, Panamá, primer país Centroamericano en construir una línea de metro sigue avanzando en transporte urbano, y hasta el cierre de esta edición su Línea 2 estaba en pruebas de tráfico de trenes. Serán 16 nuevas estaciones conectando este y oeste de la capital panameña, agregándose más capacidad de transporte a la primera línea, inaugurada en 2014, que cuenta con 14 estaciones en el eje norte sur de la ciudad.

La red maestra de transporte público de la capital de Panamá incluye también el cuarto puente sobre el Canal, el que finalmente fue licitado a finales de julio de este año, y será construido por un valor de US$420 millones por el consorcio chino compuesto por China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company. Por sobre este futuro puente, pasará una línea férrea -además de los carriles para vehículos-, la que será integrada a la red maestra y dará paso a un tren ligero de cercanías.

Si bien según lo anterior hay todavía actividad en el sector, podemos reafirmar que ésta ya no está a la altura de lo que era hace tiempo atrás. Bastará mirar las estadísticas más recientes: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo del país, el PIB de la construcción anotó en años recientes un nivel excepcionalmente positivo en su variación anual, pero, aunque la industria siga anotando crecimiento, éste ha ido disminuyendo.

En 2009 el PIB de la construcción creció un 3,3%, siendo seguido de un 9,1% en 2010, luego hubo un crecimiento de un 24,9% en 2011 y un asombroso crecimiento del 32,6% en 2012. Luego el ritmo de crecimiento cayó a un 26,7% en 2013, en 2014 registró un 13,2%, un 12,7% en 2015, 8,1% en 2016 y finalmente un 5,4% en 2017.

Problema de lujo

No hay que olvidar que cualquier comparación con el mejor de los casos latinoamericanos en esta misma secuencia de años recientes es absolutamente favorable a Panamá, incluso en su peor momento. Se podría decir que su desaceleración en materia de construcción es un problema de lujo, dado que lugares con necesidades urgentes por grandes obras crecen como máximo un 5% en la región.

Pero, tampoco hay que olvidarse que América Latina tiene un problema económico y político estructural con la inestabilidad, y si bien es placentero el momento de fuerte crecimiento, las caídas correspondientes sueles ser estrepitosas y problemáticas.

En noticia reciente en la prensa panameña, el mismo Instituto Nacional de Estadística y Censo del país afirma que el primer trimestre de 2018 anota una caída del 48% en la construcción de obras privadas (esencialmente en el mercado residencial).

No obstante, este nuevo panorama de la construcción, en Panamá surge el deseo de los trabajadores del sector por compartir los beneficios del período de gran producción de riqueza alcanzado a través de las obras. En abril de este año, y por exactamente un mes, el Sindicato Único de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) inició un paro nacional que suspendió nada menos que 266 proyectos públicos y privados en ejecución en el país.

Los trabajadores pedían un potente aumento salarial del 60%, dividido en cuatro años, para todas las subcategorías. Finalmente, el acuerdo logrado con la mediación del Ministerio del Trabajo entre el Suntracs y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) dio a los trabajadores un aumento del 14% para obras privadas (dividido en cuatro años), un 18% para obras públicas (en cuatro años) y un 11% en cuatro años para megaobras.

Obviamente, todo esto impactará en los precios de los contratos de las empresas constructoras. Si a esto se agrega la valorización normal que períodos de crecimiento acelerado producen sobre mercados de alto valor como el residencial, tenemos la explicación para el nuevo panorama en Panamá.

De hecho, el director general de la Capac, Eduardo Rodríguez, ya ha percibido una caída del 18% en la compra de viviendas familiares en el primer trimestre de 2018, producto del aumento ya verificado en los precios. “El desarrollo residencial actualmente se concentra en viviendas que están entre US$ 75.000 y US$ 120.000. Si nosotros le cargamos nuevos costos a los clientes, muchos de ellos no tendrán la capacidad de obtener una vivienda y saldrán del mercado porque no podrán calificar en los bancos para obtener una hipoteca”, afirma Rodríguez.

La conjugación de todos estos factores indica que de hecho el tiempo de crecimiento ultra acelerado de la construcción panameña debe haber pasado. La cuestión, por lo tanto, es mantenerlo activo de manera saludable, evitando que su desaceleración se vuelva una recesión. Crecer a ritmo normal debiera ser el ideal del país.

Objetivos

Casos como el de Panamá nos debieran hacer recordar cuál es el objetivo de la construcción. Se trata de proveer infraestructura pública y privada que permita a las sociedades vivir con calidad y desarrollar sus potencialidades en un espacio bien organizado. Los agentes privados que en esto trabajen deben conseguir el mejor retorno posible de su actividad y crecer, pero no al costo de desorganizar el mercado.

Y para evitar tanto el sobrecalentamiento como la recesión es fundamental mantener la visión de este objetivo final: el desarrollo económico social.

La buena noticia es que Panamá parece estar consciente de ello. Como parte de su Estrategia Nacional para el Desarrollo a 2030, el país está movilizando el Plan Metropolitano 2035, iniciativa de reconfiguración territorial a través de obras que deberá afectará positivamente diferentes áreas del interior del país.

“El plan apuesta por tener nudos de desarrollo, dejar de pensar que es el centro tradicional el que puede dar los resultados, sino posibilitar que otros puntos de la ciudad y del área permitan que haya más estructuras que puedan desarrollarse, fuentes de vivienda y de trabajo en el mismo lugar, disminuyendo el tiempo de viaje y mayor calidad de vida”, dijo en un encuentro con la Capac el viceministro de Ordenamiento Territorial de Panamá, Juan Manuel Vázquez.

Este plan se basa en una división territorial de las zonas del país, previendo variadas intervenciones para cada una de ellas: la subregión Pacífico Este comprende desde la capital hasta Pacora; Pacífico Oeste alcanza Arraiján y La Chorrera; y la región Atlántico supone el municipio de Colón y sus alrededores.

La intención del plan es definir un modelo de desarrollo urbano y territorial para cada una de estas tres áreas del país, con el objetivo de reducir la dispersión desordenada del espacio urbano.

“Esto implica olvidarnos del modelo de la casita, que nos está alejando, y trabajar con proyectos de densidad media, en complejos de conjuntos habitacionales, como ejemplo Curundú, Alto de los Lagos, San Antonio. Lo que se persigue es que el promotor se motive a olvidar la casa y se dedique a provocar conjuntos habitacionales”, añadió Juan Manuel Vázquez.

Además del fomento al desarrollo residencial en forma ordenada, el Plan Metropolitano 2035 comprende obras en los sectores de transporte público, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gestión de residuos sólidos, sistemas de drenaje y otros.

En relación a inversiones, el Plan Metropolitano 2035 prevé US$20.000 millones a lo largo de este período. Está dividido en cuatro etapas. Según el gobierno, el conteo de inversiones habría empezado en 2015, y esta primera etapa que iría hasta 2020, con un total invertido de US$8.000 millones.

Luego, la etapa 2 sería de 2021 a 2025, invirtiendo US$7.000 millones. Del 2026 al 2030, US$3.000 millones más serían dedicados al programa en su tercera etapa. Finalmente, otros US$2.000 millones se invertirían de 2031 a 2035 en la etapa final.

La distribución de estos valores por el territorio del país estaría pensada de la siguiente manera: un 65% de este total planificado serán aplicados en la subregión Pacífico Este, mientras que Pacífico Oeste recibiría un 29% y la región Atlántico tendría los 6% restantes.

Si este plan logra alcanzar estos objetivos, será una de las raras ocasiones en que la planificación estratégica del desarrollo se aplica con éxito en América Latina. No por casualidad, el gobierno del país afirma que la inversión de estos US$20.000 millones significará un ahorro de US$70.000 millones, en forma de reducción de costos logísticos y pérdidas en la productividad general asociadas con la ausencia de infraestructura planificada.

Más precisamente, el gobierno calcula que para cada dólar gasto en este programa, se ahorrarían US$3,87.

En esta cuenta entran todos los empleos generados por las obras, claro, pero además las oportunidades de trabajo en los nuevos territorios urbanizados, los menores tiempos de desplazamiento de la fuerza laboral, el mejoramiento de la cadena logística nacional, la dispersión geográfica de la demanda por bienes y servicios, el aumento del mercado interno y del ingreso per capita en todo Panamá. O sea, desarrollo económico y social.

Por supuesto, un plan estratégico largo como este dependerá de unidad política para mantenerlo vivo y activo por todo el período. En América Latina, eso no es lo normal. Pero de hacerlo, Panamá volverá a dar una lección a la región latinoamericana. Ahora, no por los impresionantes números de crecimiento, sino que por la capacidad de su inteligencia colectiva.