Colombia tiene hambre de futuro

Colombia tiene hambre de futuro. El país vive una gran expectativa en este momento por la promesa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, un compromiso ambicioso: revolucionar el panorama vial colombiano. Dueña de una estructura vial reconocida por todos como precaria, en Colombia urge un cambio. Según datos del Foro Económico Mundial (2012-2013), el país ocupa el puesto 126 en calidad de vías. La respuesta que se está construyendo en torno a esta necesidad responde por el apodo de 4G, un inmenso programa de inversiones viales que se llama así porque se ha transformado en la Cuarta Generación de Concesiones Viales.

Si todo se logra, se puede esperar una transformación profunda. Son 34 proyectos viales de gran tamaño, capaces de incrementar y calificar dramáticamente la conectividad de Colombia. El gobierno estima que el costo de este programa será alrededor de US$24.200 millones. Pero el mercado estima un gasto superior, no menor a US$25.000 millones, conscientes que puede ser aún más si los costos de ejecución presentan sorpresas. Asimismo, otros US$30.000 millones pueden sumarse con lo que se espera de inversión privada a través de la figura de Asociaciones Público-Privadas. De hecho, de acuerdo con el centro de investigaciones colombiano Fedesarrollo, el país debe invertir anualmente un 3,1% de su PIB, durante una década, si quiere vencer el rezago de su infraestructura vial. El promedio de inversión anual en este sector ha sido históricamente no superior al 1% del PIB.

Las cifras son de las más grandes de la historia colombiana, lo que muestra el tamaño del desafío que tienen por delante. Plenamente justificable si se mira cómo una buena infraestructura vial podría cambiar toda la economía. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, si Colombia logra disminuir en un 1% el costo de transporte, las exportaciones agrícolas y de manufactura podrían aumentar en un 8%, mientras que las de la minería lo harían en un 6%. El Ministerio de Transporte afirma que un transportador que haga la ruta Medellín-Cali podría realizar el doble de trabajo en el mismo tiempo si tuviera una autopista de doble calzada a su disposición. En resumen, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), órgano responsable por el programa 4G, calcula que las nuevas concesiones viales pueden agregar hasta un 1,5% al PIB de Colombia, y de forma sostenible.

Fue con este clima de entusiasmo y ganas de hacer cosas que en Cartagena de Indias se celebró, en noviembre pasado, el 10º Congreso Nacional de la Infraestructura. Por supuesto, no todo es fiesta. Construcción Latinoamericana estuvo presente en el evento y fue testigo de la atención puesta en todos los detalles de esta gran operación.

Las leyes

No fue por casualidad que el presidente Juan Manuel Santos anunció, un día antes de su discurso en el Congreso de la Infraestructura, que va por su reelección en 2014. En Cartagena, el mandatario firmó lo que quizás sea el elemento más importante del esquema institucional armado para garantizar el 4G: la nueva Ley de Infraestructura. Con ella, el Estado quiere disminuir riesgos para los inversionistas.

Para el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, organizadora del congreso en Cartagena, esta ley resuelve de por vida un problema antiguo del país. Según Juan Martín Caicedo “en Colombia llegamos a licitar proyectos en Fase 0, o sea, sin estudios. Ahora tenemos una norma que prohíbe licitaciones de proyectos que no tengan como mínimo la Fase 2, o sea, la factibilidad comprobada, sin perjuicio de que la Fase 3, el detalle de ingeniería, pueda estar a cargo del contratista o concesionario”. Con esto, se espera atraer el capital privado con proyectos mejor estructurados.

La Ley de Infraestructura ambiciona resolver otros obstáculos que siempre significan riesgos para la inversión. El tema de propiedad predial ha sido debatido con fuerza en el Congreso. Según Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, no volverá a repetirse en su país la situación en que el dueño de una parcela o edificio sea capaz de detener una obra de importancia social como son las autopistas del 4G. “A partir del momento que se firme la nueva ley, el Estado podrá declarar el interés público y solicitar la expropiación de un edificio sin depender de la decisión de un juez”, dice él.

Basándose en este nuevo amparo legal, Andrade promete que la parte más importante del programa 4G, las Autopistas para la Prosperidad, se entregarán en cinco años desde el momento que se adjudiquen las concesiones. Ubicadas en el departamento de Antioquia, estas autopistas son un paquete especial de nueve contratos de concesión y uno de obra pública. Destacan dentro del 4G porque serán un eje norte-sur conectado al Pacífico y al Caribe. De los diez contratos, cinco ya tienen procesos licitatorios abiertos.

Algunos otros importantes cambios legales y administrativos están listos y operando para que las licitaciones puedan ganar fuerza en 2014. Respecto al tema de licencias ambientales, el gobierno está capacitando e invirtiendo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para que se agilice y se le de transparencia al proceso. No obstante, lo referido a las consultas previas a comunidades no está contemplado por la Ley de Infraestructura, porque está establecida en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Aun así, el gobierno creó reglas para ejecutar las consultas, con plazos más cortos y entendiendo que la omisión de las comunidades significará renuncia al derecho de consulta.

Las finanzas

En el Congreso de la Infraestructura en Cartagena, había misiones nacionales de países como Inglaterra y Francia. De Canadá, distintas instituciones financieras están en comunicación con el gobierno de Colombia para aportar al 4G. Está claro que el programa de concesiones viales despierta interés global. ¿Qué está haciendo Colombia para ofrecer garantías a los futuros inversionistas y disminuir riesgos financieros?

En el país, todos están de acuerdo con que el presupuesto de la revolución vial planificada en el 4G no es cancelable por sólo un actor. La misma banca colombiana tiene capacidad máxima para financiar un tercio de las necesidades del programa. Además, la nueva ley limita la oferta bancaria de crédito para infraestructura en un 10% de su capacidad. Parte de este 10% está comprometida con proyectos anteriores, como la Ruta del Sol. Así las cosas, hay que buscar alternativas.

La primera de ellas es la emisión de títulos de infraestructura por el gobierno. Como el financiamiento nacional está limitado, la inversión del concesionario tendrá que ser mayor. Para mitigarlo, el gobierno ha hecho un esquema por el cual el concesionario recibirá, además de los peajes, aportes del presupuesto que se podrán titularizar en el mercado de capitales. En teoría, esto generaría liberación de nuevos créditos y pagos anticipados de préstamos, o sea, un círculo financiero virtuoso dedicado a acelerar la inversión en infraestructura. “También se ofrece un 15% de los pagos de vigencias futuras en dólares, para que la banca internacional ingrese al negocio”, dice el presidente de la ANI.

Para darle músculo financiero a la operación 4G, el gobierno creó la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). La entidad busca asociarse con entidades multilaterales y fondos de pensiones extranjeros para fortalecer su capital y participar con hasta un 20% en el financiamiento del 4G. La diferencia es que la FDN ofrecería productos financieros con perfil de bajísimo riesgo, como deudas subordinadas (las últimas a pagar) o garantías de refinanciamiento periódico contra resultados positivos del proyecto. Para capitalizar la FDN, el gobierno de Colombia hizo pública su intención de vender su parte en Isagen, una empresa mixta de generación de electricidad.

Adjudicando en 2014

Las licitaciones ya empezaron. Por ahora, solo con etapas de precalificación, de las cuales han participado docenas de empresas de más de 170 países. Las autoridades prometen adjudicar todos los proyectos del 4G en 2014. Mientras tanto, también invierten en muchos proyectos por medio de obras públicas. Todo por sacar a Colombia de un rezago histórico en infraestructura vial, con proyectos más bien pensados, riesgos controlados y un hambre voraz por un futuro de prosperidad.

INTERÉS MUNDIAL

Contratistas colombianos están movilizándose con ritmo acelerado para formar los consorcios que pretenden disputar las concesiones del 4G. Conconcreto, una de las principales constructoras colombianas, se ha asociado a la francesa Vinci y el consorcio ya está precalificado en cuatro proyectos.

Colpatria, otra gran constructora del país, va con la española Sacyr y juntas tienen seis precalificaciones listas.

Conavías se ha asociado a Acciona, también de España, y cuenta con cinco precalificaciones.

ISA va con Cintra Infraestructuras, una de las más grandes del mundo en construcción y operación vial y están precalificadas para un proyecto hasta el momento.

Por su parte, Odebrecht, la potente constructora de Brasil, está precalificada en seis proyectos del 4G.

INGENIERÍA NACIONAL

La Cámara Colombiana de Infraestructura celebró durante el Congreso de Cartagena el estudio difundido por la Superintendencia de Sociedades del gobierno que entre otras cosas indica que las pequeñas y medianas empresas de ingeniería de Colombia tienen capacidad técnica y financiera para participar del 4G. El informe dice que un tercio de las empresas de ingeniería se financia con recursos propios; la compra de activos fijos viene creciendo; más de la mitad tiene contratos fuera de Colombia. “Esto demuestra que las empresas en Colombia tienen músculo financiero y capacidad técnica para enfrentar los grandes retos que nos depara el futuro”, dice el presidente de la CCI Juan Martín Caicedo.